La detención del histórico contador de la familia Kirchner generó un enorme revuelo y volvió a poner en el centro de la escena la causa “Los Sauces”, donde se investiga a la ex Presidente por lavado de dinero.
La decisión fue adoptada porque el juez Claudio Bonadio entendió que Víctor Manzanares entorpecía la investigación. Sin embargo, su defensa pidió la excarcelación y la decisión deberá tomarse hoy mismo.
“Para que alguien vaya preso tiene que haber entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga; ninguno de los dos casos se da con Manzanares, que está a derecho, el año pasado recibió tres allanamientos y siempre colaboró”, destacó Carlos Beraldi, su abogado defensor en declaraciones a Luis Novaresio por radio La Red.
“Presenté un pedido de excarcelación que se debe resolver hoy; si es favorable, bien; si no, interpondré un recurso de apelación”, advirtió el asesor letrado que también representa a Cristina Kirchner.
Manzanares es el hombre que la familia Kirchner designó como profesional para ordenar sus estados contables. Una de sus tareas era ordenar las cuentas del la inmobiliaria vinculada a “Los Sauces SA”, entre otras propiedades y activos.
En el marco de la causa, el juez Claudio Bonadio consideró que hubo “desvío de fondos” pertenecientes a la inmobiliaria de la ex presidente que se encontraban embargados y bajo intervención judicial desde diciembre de 2016, medida “que se buscó eludir” a través de la labor profesional de Manzanares.
Fuentes judiciales señalaron que la detención se desencadenó cuando la interventora judicial de la “Sucesión Néstor Carlos Kirchner” y del “Condominio Máximo y Florencia Kirchner SH” le mostró a Bonadio cartas que les llegaron a los inquilinos de las propiedades que no eran de la sociedad Los Sauces, pero que pertenecen al condominio creado luego de la muerte de Néstor Kirchner, como parte del proceso de herencia.
En las misivas, Manzanares les indicaba que debían depositar los pagos de alquileres adeudados en la cuenta de Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz, y otro de los históricos socios de la familia Kirchner junto a Osvaldo “Bochi” Sanfelice. Para el magistrado, este pedido basta como para configurarse una maniobra de “obstrucción de la Justicia” y por este motivo ordenó la detención del profesional.
Carlos Beraldi rechazó que hubiera un “desvío de fondos” y se mostró en desacuerdo que los bienes vinculados a la sucesión tuvieran que ver con lo embargado en el marco de la causa “Los Sauces SA”.
“Son inmuebles que existen en el patrimonio de Néstor Kirchner, incluso algunos fueron comprados antes que fuera intendente. Se trata de (propiedades vinculadas a) un proceso de sucesión que duró tres años, hasta que terminó y pasaron a estar en cabeza de los herederos este año. Sobre esos bienes no había ninguna medida cautelar”, explicó el abogado.
En su opinión, Beraldi asoció la orden de detención del juez Bonadio a una “persecución política” vinculada la campaña electoral. “El juez se declaró incompetente hace tres meses. Las intervenciones empezaron en diciembre y se volvieron a establecer a fines de mayo. Dos días después del inicio de la campaña, se dispone de esta medida. No somos ingenuos para dar cuenta de la intencionalidad de todo esto”, afirmó el letrado.
“No hay razonamiento jurídico en la causa, ninguno de los dos elementos que justifican una medida cautelar para detener a alguien están presentes”, señaló Beraldi, quien consideró que Bonadio, antes de pedir la detención, podía haber realizado otro requerimientos como intimaciones si el objetivo era preservar el patrimonio investigado.
“El juez nunca falló con el Código Penal, por eso tuvo en 20 años una increíble cantidad de pedidos de juicio político. Es un juez arbitrario que no tiene ningún apego a la ley”, concluyó.
En la causa “Los Sauces SA” hay un total de 21 procesados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner; y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
A todos se los acusa de integrar una asociación ilícita por la cual los empresarios López y Báez, ambos beneficiados con obra pública durante el kirchnerismo, pagaron sumas millonarias a la firma inmobiliaria que pertenece al patrimonio familiar de los Kirchner.
