El macrismo vuelve a impulsar una reforma laboral con el objetivo de atacar la problemática de la informalidad de las contrataciones y, para ello, nuevamente presentará en el Congreso una reforma a la ley existente. La iniciativa se llevará a cabo el mes que viene y desde el oficialismo planean entregar cuatro propuestas formales, para que sean trabajadas por los legisladores.
El elegido por el macrismo para que salga a confirmar que se volverían a tratar los proyectos, luego de que quedara trunco el debate en diciembre pasado, fue el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, que curiosamente afrontó una denuncia a principio de año de una ex empleada por haber estado trabajando en negro y ser despedida arbitrariamente.
“La idea es someter a debate capítulo por capítulo para poder avanzar con los temas. Vamos a comenzar con el blanqueo porque es prioritario y es uno de los que tiene más consenso. Nuestro foco está en la formalización laboral, que hoy es el principal problema de la economía argentina”, advirtió el titular de la cartera, quien reconoció que “en el país hay 4,5 millones de trabajadores informales”.
Uno de los puntos que plantea el Gobierno, y que seguramente haga más ruido dentro de la oposición, es el de la amnistía para el empleador en los impuestos previsionales impagos, siempre y cuando se declare el vínculo laboral. Además, uno de los fragmentos más cuestionados el año pasado había sido justamente en el que se indica que los años no declarados no computarían para la indemnización, en caso de despido.
“El resultado es positivo porque los trabajadores que pasan a estar en blanco generan años de aportes a futuro. Aumenta así la base de aportantes al sistema. El pasivo eventual será de entre 200.000 y 300.000 trabajadores. Se tendrán en cuenta las horas extras o las comisiones cuando son habituales, como en el sector de viajantes o el comercio”, explicó el ministro.
Y agregó: “Las multas por la evasión de aportes, ya no van a engrosar el cómputo de la demanda laboral como sucede hoy en un juicio, si no que irán a la Anses. Pese a que el Estado también es damnificado por los aportes evadidos que no le ingresan ni a la Anses ni al PAMI, hoy no se lleva nada cuando el trabajador gana el juicio laboral. Con este proyecto, las multas irán a la Anses”.
