Con un operativo de seguridad inédito, que cerrará todos los accesos a la zona del tribunal, con bloqueo aéreo, 150 cámaras de seguridad y francotiradores de élite en las terrazas de los edificios, los jueces de la sala octava del Tribunal Federal Regional de la IV región, en la ciudad de Porto Alegre, iniciarán este miércoles a las 8:30 el juicio en el que deberán decidir sobre la apelación del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva, condenado en julio pasado por el juez Sérgio Moro a 9 años y medio de prisión en un controvertido proceso por corrupción.
Si ninguno de los jueces pide “vistas” del expediente —lo que podría demorar indefinidamente el proceso—, la sentencia será anunciada por la tarde. Sea condenado o absuelto, Lula no irá preso, ya que aún existen varios recursos (ante los mismos jueces, luego ante el Tribunal Superior de Justicia y por último ante el Supremo Tribunal Federal) que sus abogados pueden presentar, manteniéndolo libre. Sin embargo, lo que realmente importa hoy son los efectos políticos de la decisión, ya que la ratificación de la condena podría impedir que Lula, que lidera ampliamente todas las encuestas, sea candidato a presidente en las elecciones de este año.
Es a partir de esta cuestión que habría que empezar a analizar lo que puede suceder este hoy, porque de esto se trata este juicio. Si Lula es absuelto, es muy probable que vuelva al gobierno; si es condenado, la crisis política que sacude a Brasil desde que la presidenta Dilma Rousseff fue depuesta por el Congreso puede agravarse, con consecuencias aún imprevisibles.
De acuerdo con la última encuesta divulgada en diciembre por el instituto Datafolha —vinculado al diario Folha de São Paulo, cuya línea editorial siempre fue de oposición al PT—, Lula sería el candidato más votado en la primera vuelta, con entre 34 y 37% de los votos, dependiendo de quiénes sean sus adversarios. Si bien el segundo es hoy el diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro, con una intención de entre 17 y 19%, es muy probable (teniendo en cuenta diversos factores relacionados con el sistema político brasileño) que el adversario de Lula termine siendo el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, del PSDB. Dicho partido disputó la presidencia contra el PT en las últimas seis elecciones presidenciales y comparte con Temer el gobierno tras el impeachment de Dilma, a pesar de haber perdido en las urnas en los últimos cuatro comicios. Sea como sea, de acuerdo con Datafolha, Lula derrotaría en el balotaje a cualquiera de sus adversarios: por 22 puntos a Alckmin, por 18 a Bolsonaro y por 13 a Marina Silva.
Una encuesta, se sabe, es una fotografía de un momento político, y el humor social es siempre cambiante, inestable. Sin embargo, otros datos pueden ayudar a afinar el análisis electoral. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017, Datafolha hizo siete encuestas nacionales y, sin excepción, Lula creció en todas. En la simulación de segunda vuelta contra Alckmin, Lula perdía dos años atrás por 45 a 34%, pero desde entonces fue creciendo: 36, 38, 43, 45, 46 y, finalmente, el mes pasado, 52%. En el mismo período, Alckmin cayó de 45 a 30%. Medido en un balotaje contra Bolsonaro (hipótesis que Datafolha incluyó recién en abril de 2017), Lula siempre ganó, creciendo sin excepción en cada encuesta: 43, 45, 47, 51%, mientras Bolsonaro se mantenía estable, pasando de 31 a 33%.
En segundo lugar, debe analizarse la segmentación de la última encuesta, que muestra cómo los votos de Lula varían en diferentes sectores de la población. Tomando como ejemplo un posible balotaje con Alckmin, Datafolha muestra que Lula vencería entre los hombres (50 a 32) y entre las mujeres (55 a 28) y en todas las franjas de edad (con su mejor desempeño entre los más jóvenes, por 58 contra 30, y el más modesto entre los mayores de 60 años, por 46 contra 33). Por nivel de escolaridad, Lula gana entre los votantes con estudios primarios (63/23) y secundarios (52/32) y pierde por apenas un punto entre los graduados universitarios (37/36). Por ingresos, Lula gana entre los votantes cuya familia vive con hasta dos salarios mínimos ( 63 a 22) y de 2 a 5 salarios mínimos (45 a 36) y solo pierde entre los que reciben de 5 a 10 salarios mínimos (46 a 33) o más de 10 (49 a 28). Por región, Lula vence en el sur (44 a 31), centro-oeste (54 a 27), norte (61 a 22) y nordeste (su histórico bastión, donde le ganaría a Alckmin por 73 a 15). En el sudeste, que incluye al estado de San Pablo, gobernado por Alckmin y tradicionalmente afín a su partido, ambos candidatos empatan con 41%. Por último, Lula gana en las principales metrópolis del país (50 a 28) y también en las ciudades del interior (54 a 31) y lidera en el promedio de las ciudades con más habitantes y también en las menos pobladas. Una campaña electoral puede cambiar el panorama, pero hoy, los números son contundentes.
También lo son los datos disponibles sobre la popularidad de los diferentes candidatos, un punto de características diferentes a la intención de voto. Otra vez en diciembre, Lula fue evaluado con imagen positiva del 45% en el último sondeo de la consultora Ipsos, que mide mensualmente la popularidad de los políticos. Entre junio y diciembre de 2017, la evolución de la imagen positiva de Lula también creció sin excepción: 28, 29, 32, 40, 41, 43, 45. Su imagen negativa aún es alta (54%), pero cayó 14 puntos en el mismo período, mientras que las de sus adversarios subieron: Alckmin paso de 19 a 72% de imagen negativa, Bolsonaro de 21 a 62% y Marina de 28 a 62%. Según otra encuestadora, Ibope, la imagen positiva del gobierno de Temer en septiembre pasado era de apenas 3% y, en diciembre, 59% respondió que su gobierno es peor que el de Dilma. Ese dato tal vez explique los anteriores.
Otra arista a considerar: el mayor crecimiento de la imagen positiva de Lula se produjo desde que fue condenado en primera instancia por el juez Moro. Sucede que diferentes sectores de la sociedad brasileña, inclusive entre los opositores políticos del expresidente, advierten que la condena tiene más que ver con las elecciones que con las pruebas. A Lula se lo acusa de haber recibido como coima de una empresa constructora un departamento tríplex en la ciudad de Guarujá, en la región litoral del estado de San Pablo. Sin embargo, todas las evidencias del proceso apuntan a su inocencia. El propio fiscal, en una argumentación jurídicamente insólita, sostuvo que la falta de pruebas condenatorias “demuestra” que Lula las ocultó y por ello es culpable; además, dijo que que el magistrado debería condenarlo basado en sus convicciones, aunque no tenga evidencias.
En su sentencia, el juez Moro aduce que aunque el departamento no estuvo nunca a nombre de Lula (no hay contrato, ni boleto de compraventa, ni ningún documento que pruebe que es suyo; y de hecho el inmueble está embargado por otra jueza por deudas de la constructora OAS, que consta en los papeles como verdadera propietaria), Lula sería el dueño “de hecho”. Sin embargo, Moro tampoco presentó ninguna evidencia de esa presunta posesión fáctica. No hay pruebas de que Lula haya recibido las llaves, o haya dormido allí al menos una noche, o alguien de su familia, o haya ocupado de alguna forma el inmueble con sus pertenencias o se lo haya prestado o cedido a otro. Absolutamente nada. De hecho, en la fecha en la que Lula supuestamente recibió la “posesión de hecho” según Moro, la construcción del departamento ni siquiera había terminado. Por otro lado, el juez de Curitiba, Paraná, justificó su competencia en el juicio por un departamento ubicado en Guarujá, San Pablo, argumentando que formaba parte de la investigación por corrupción en Petrobrás, que ya estaba a su cargo. Pero luego, en una aclaración de su sentencia, dijo que no estaba probado que hubiese vínculo entre la supuesta cesión del departamento y la corrupción en la petrolera estatal. O sea, Moro no sería competente.
Pero, además, ¿la coima fue entonces a cambio de qué? “Actos indeterminados”, dice el juez. En castellano: no sabe.
Cabe aquí hacerse algunas preguntas: ¿puede impedirse que el candidato que lidera todas las encuestas participe de las elecciones? ¿No sería esa proscripción una forma de fraude electoral? ¿No sería ello mucho más grave si la condena judicial que provoca ese efecto no cuenta con una única prueba creíble que la respalde? ¿No resulta más grave aún en un país donde el partido que ganó las últimas cuatro elecciones presidenciales fue retirado del poder por una conspiración parlamentaria, y el candidato eventualmente proscripto, que las encuestas dicen que ganaría, pertenece a esa misma fuerza política?
El PT ya anunció que, si Lula es condenado este miércoles, no renunciará a su candidatura. La inhabilitación prevista en la Ley de la Ficha Limpia no es automática y el expresidente puede presentar formalmente su postulación el próximo 15 de agosto ante la justicia electoral, que deberá decidir si le permite competir. Si es impugnado, puede apelar de varias formas y el proceso puede extenderse inclusive hasta después de la elección, lo que pondría a los jueces del Tribunal Superior Electoral en el brete de tener que anular la elección de un presidente que ya ganó en las urnas. El PT también puede mantener a Lula como candidato hasta 20 días antes de la elección y, a último momento, reemplazarlo por un sustituto, recurriendo a una estrategia parecida a la que usó Perón en 1973 con la candidatura de Cámpora. Con todas esas consecuencias políticas posibles sobre la mesa, los jueces de Porto Alegre se enfrentan hoy a la decisión más importante de sus carreras. Y el país entero los estará observando.
