“El crecimiento de los subsidios económicos al sector energético no tiene precedentes y en poco más que una década su magnitud se incrementó en un múltiplo superior a 870 veces respecto de 2002, y su participación en el total de transferencias en creció más de 44 veces”, expresa el informe sobre “Tarifas eléctricas, congelamiento, subsidios e impacto del ajuste”, divulgado hoy por la consultora internacional.
En los últimos diez años, “los fondos asignados a subsidiar el consumo de energía eléctrica crecieron en un múltiplo de 118, es decir que desde 1.185 millones asignados en 2005 (llegaron) a rozar los 140.000 millones de pesos en 2015”, precisó el informe, que destacó que del total acumulado de u$s 130.500 millones en subsidios con fines económicos en ese período, el Estado destinó al sector energético u$s 85.000 millones.
El informe destacó que, en comparación con los subsidios a otros rubros de la economía, el total de recursos dispuestos para el sector energético “no tiene precedente histórico y ha sido un instrumento esencial de la política económica del último gobierno”.
Estas transferencias representaron alrededor del 3% del PBI; el 7% del gasto público o el 61% del total de subsidios asignados por el Estado en 2015, cuando diez años antes tales proporciones eran del 0,1%; 0,8%; y 4%, respectivamente, detalló la consultora.
Sobre las tarifas al consumo eléctrico, el informe señaló que durante el período analizado resultaron anacrónicas, ya que estuvieron pesificadas y congeladas desde 2002, además de estar desligadas de los costos de generación, impactados por el precio internacional del gas y la inflación.
“La tarifa promedio que abonaba un usuario representativo en nuestro país hasta diciembre de 2015 se encuentra en las antípodas de lo que abonan los usuarios en otros países de la región, exceptuando únicamente a Venezuela”, señaló KPMG.
En efecto, “el valor de la energía eléctrica por kilowatt/hora (Kw/h) en Argentina representaba, en promedio y hasta fines del 2015, alrededor de la sexta parte de la media regional, o la séptima y décima parte de las cobradas en Chile y Brasil, respectivamente”, precisó.
“Tanto el congelamiento tarifario como la política de subsidios al consumo eléctrico, si bien tuvieron algún efecto de corte social, han impactado negativamente en el desempeño de las empresas del sector energético y en las cuentas fiscales, siendo además uno de los factores más importantes en la determinación del déficit público comprobado”, resumieron los analistas de KPMG.
Según Ariel Eisenstein, uno de los autores del informe, la grave situación del sector llevó a que “la calidad del servicio eléctrico disminuyera notablemente”, como lo evidencia “el crecimiento exponencial” de los reclamos de los usuarios a las empresas distribuidoras.
“En la última década la cantidad de reclamos por falta de suministro o deterioro en la calidad del mismo se ha multiplicado 18 veces representando hoy el 93% del total de los reclamos. En síntesis, la política de subsidios para mantener tarifas baratas fue contra los mismos usuarios que vieron cómo el servicio decaía año a año por la falta de inversiones a raíz de que las empresas tuvieron que afrontar serios problemas de desfinanciamiento”, describió Eisenstein.
El informe contempla que todo este cuadro de situación determinó la decisión del actual gobierno de implementar “un nuevo esquema tarifario al consumo eléctrico que busca subsanar las distorsiones generadas por el congelamiento de precios y el sesgo en la política de subsidio”.
Para ello, indicó que era esperable un incremento tarifario de entre 560 y 700% respecto a los últimos valores de 2015, con lo que “la tarifa nacional podría reacomodarse y alcanzar una media que se ubicaría entre los 6 y los 7 centavos de dólar por KW/h, lo que la acercaría a los parámetros regionales”.
