Los jueces de la Corte le entregaron las declaraciones juradas a Elisa Carrió pero le recordaron que ya están en internet.
En una resolución firmada por sus tres miembros, el máximo tribunal advirtió que el pedido de la diputada “no cumple, ni siquiera en forma mínima, los requisitos formales”, pero en aras de priorizar la transparencia, aceptó la solicitud
Los tres jueces de la Corte Suprema le enviaron hoy sus declaraciones juradas a la diputada nacional Elisa Carrió, pero le recordaron que ya estaban publicadas en la página oficial del máximo tribunal, donde podían consultarse tras un breve trámite. Además, le aclararon que los pedidos para conocer esos documentos de los magistrados de otros fueros debe hacerlo ante el Consejo de la Magistratura, que es el órgano de contralor del Poder Judicial.
De todos modos, el presidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti –que tuvo una respuesta propia a las acusaciones de Carrió- y los otros ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda les informaron al resto de los jueces cuál fue el temperamento que tomaron ellos ante el pedido de la legisladora de Cambiemos.
Al respecto, la Corte resolvió parcialmente un reclamo que habían planteado Carrió y Fernando Sánchez para conocer las declaraciones juradas de los ministros que integran el tribunal, pese a que advirtieron que la petición no respetó “ni siquiera en forma mínima” los procedimientos legales.
La resolución se dio a conocer en simultáneo a un comunicado de Lorenzetti, en el que respondió públicamente a las críticas que vertió en su contra Carrió. En concreto, los diputados habían solicitado que en el plazo de 10 días la Corte Suprema le enviara a sus despachos en el Congreso las declaraciones juradas de “todos los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de todos los Magistrados que integren la Justicia Federal, en todos los fueros instancias jurisdicciones, como asimismo la declaración jurada del Secretario General de Administración”.
En primer lugar, el máximo tribunal advirtió que las declaraciones juradas de los jueces sólo se pueden consultar por internet, pues deben ser publicadas, en virtud de un grupo de leyes y acordadas, en los sitios web de la Corte Suprema y de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El procedimiento es muy sencillo y basta con ingresar un nombre y una dirección de correo electrónico.
Por eso, la Corte advirtió que la presentación de Carrió y Sánchez “prescinde del cumplimiento de todos los recaudos citados por cuanto fue formulada por escrito, establece un plazo de cumplimiento y requiere la remisión de las declaraciones juradas sus despachos en el Congreso de la Nación”, por lo que concluyó que “la consulta no cumple, ni siquiera en forma mínima, los requisitos formales” que exige la reglamentación.
Aún así, la Corte resolvió que “cabe proceder la entrega de las declaraciones juradas patrimoniales integrales que fueron presentadas por los Señores Ministros del Tribunal con arreglo al referido marco normativo”. En otras palabras, dijo que pese a que Carrió y Sánchez no respetaron los procedimientos, en aras de priorizar la transparencia, las declaraciones juradas serán enviadas a sus despachos.
Al respecto, recordó que tanto Lorenzetti como el secretario general de Administración, Daniel Marchi, “fueron investigados tanto por la AFIP como por el juez federal Sebastián Ramos en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas resultaron sobreseídos, por lo que la finalidad perseguida con la presentación (de los diputados de Cambiemos) ha sido cumplida”.
La decisión de los tres ministros, no obstante, se limita a sus declaraciones juradas, ya que desde hace más de 10 años, el máximo tribunal “no cuenta con las declaraciones juradas de los magistrados de otras instancias por cuanto la autoridad de aplicación de dicho régimen resulta el Consejo de la Magistratura”, por lo que el requerimiento debió ser hecho a ese organismo.
Pese a ello y al ostensible defecto de forma de la pretensión, nuevamente la Corte Suprema le facilitó el camino a Carrió y Sánchez, y ordenó “poner en conocimiento de todos los magistrados federales el contenido de la presentación a fin de que tomen intervención, manifiesten su opinión y, eventualmente, su conformidad para la entrega remisión de sus respectivas declaraciones juradas patrimoniales integrales” a los diputados.
Sin embargo, puso como excepción a los titulares de los juzgados en lo Criminal Correccional Federal 9 y 11, Luis Osvaldo Rodríguez y Claudio Bonadio, respectivamente, porque se encuentran entendiendo en procesos judiciales en los que Carrió está siendo investigada.