Hay quejas de todo tipo. Que se paga muchísimo más por el mismo boleto en relación a otras aerolíneas y que las comisiones son demasiado caras. O que se tarda muchísimas horas más en cubrir algunos destinos. Según el decreto 1191 del 2012, promulgado por Cristina Kirchner, los ministros, secretarios de Estado y principales funcionarios de la administración pública están obligados a contratar a Aerolíneas Argentinas para viajes oficiales dentro y fuera del país siempre y cuando la aerolínea estatal cubra las rutas requeridas, una resolución que desde que desembarcó en la Casa Rosada genera todo tipo de críticas en el gabinete.
Desde hace semanas, el Gobierno posó la lupa en dicho decreto. Según pudo saber de fuentes oficiales, en la Jefatura de Gabinete están abocados en la búsqueda de mecanismos para dar de baja dicha norma que, hasta ahora, beneficia a Aerolíneas Argentinas y a OPTAR Sociedad Anónima, la operadora mayorista de turismo de la empresa estatal que hasta diciembre del año pasado era manejada por la agrupación La Cámpora y que concentra la contratación de los tickets aéreos de la administración nacional. En Casa Rosada no descartan la revocación de la norma a través de un decreto presidencial, aunque explican que no haría falta un decreto del Presidente para dar de baja aquella resolución.
“Lo vamos a cambiar sí o sí”, aseguraron fuentes oficiales. De esta manera, el Gobierno abriría la compra de tickets para los viajes oficiales de los funcionarios a otras aerolíneas privadas. El resultado, dicen, sería doble: bajarían el costo por comisiones –Aerolíneas a través de OPTAR cobraba el 3 por ciento, superior a los valores de mercado- y agilizarían aquellos viajes que la aerolínea de bandera no cubre directamente. En definitiva, el mecanismo actual funciona como una suerte de traspaso de dinero desde la administración central hacia la empresa estatal. De hecho, las fuentes explican que el costo administrativo ya se habría bajado del 3 al 1 por ciento.
De acuerdo al decreto en cuestión, publicado en el Boletín Oficial en julio del 2012, “las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán contratar con Aerolíneas Argentinas y Austral los pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaran. (…) Las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán utilizar los servicios de OPTAR Sociedad Anónima”. La disposición lleva la firma de la ex presidente Cristina Kirchner, del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y del ex ministro Florencio Randazzo.
Según publicó el diario La Nación, durante los primeros nueve meses del 2015 el Estado pagó 852 millones de pesos por costos de pasajes emitidos, y el desembolso por gastos administrativos fue de 11,8 millones. La empresa publicó sus últimos balances en el 2008. El último registro societario es de mediados del 2011: se designó al ex secretario general de la Presidencia, Eduardo “Wado” de Pedro, actual diputado, como vicepresidente.
En la Casa Rosada barajan varias ideas. Se debaten entre correr a OPTAR como agente de viajes exclusiva en la adquisición de tickets aéreos y abrir el mercado a otras agencias. Desde el macrismo explican que, por ejemplo, el precio de los pasajes por la operadora de Aerolíneas cotizan a veces más de un 50 por ciento más. Desde Aerolíneas reconocen que las comisiones de la empresa son altas, y que encararon una especie de auditoría para conocer esos números.
En lo que sí hay unanimidad en el primer piso de la Casa Rosada es en liberar el mercado para otras aerolíneas. “Hoy somos rehenes de Aerolíneas“, dicen. En los primeros meses de gestión, las quejas por la complejidad de los viajes en una decena de fuentes de diversas dependencias consultadas para esta nota se multiplicaron: escalas innecesarias para destinos directos en los que la aerolínea estatal o no cubría directamente o no tenía disponibilidad para la fecha requerida.
Por: Federico Mayol
