El empresario Lázaro Báez, quien está detenido e imputado en una causa por lavado de dinero durante la gestión kirchnerista, será recibido hoy por la Cámara Federal que controla la labor del juez federal Sebastián Casanello, ante un pedido que hizo el santacruceño para exponer su situación personal.
El titular de la firma Austral Construcciones llegó a los tribunales de Comodoro Py cerca de las 8 de la mañana proveniente de la cárcel de Ezeiza. Se prevé que los jueces de la Sala II lo recibirán a las 11:15.
Báez había pedido que la reunión con los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun sea sin periodistas ni abogados en la sala.
La Cámara debe revisar el primer procesamiento dictado contra el empresario y su hijo Martín Báez, entre otros, en el marco de la causa por lavado de activos.
En tanto, el juez federal Sebastián Casanello intentaba gestiones en Europa en el marco de la investigación por el recorrido de casi 209 millones de pesos que ingresaron a Austral Construcciones –la empresa de Báez- a través de la compañía Helvetic Services Group, supuestamente una empresa fantasma creada por intermedio del operador financiero Federico Elaskar.
La semana pasada, el juez Casanello admitió a la Oficina Anticorrupción como parte querellante en la causa conocida como “ruta del dinero K”, por la que está detenido Lázaro Báez.
La Cámara debe revisar el primer procesamiento dictado contra el empresario
Casanello entendió que debía admitir la participación de la Oficina Anticorrupción “en todos los casos de naturaleza criminal en que se persiga el esclarecimiento de hechos en que se vea perjudicado el patrimonio del Estado” y de acuerdo a la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Además, el Tribunal realizará el mismo lunes una audiencia ante el pedido de recusación de Leandro Báez contra Casanello, a quien acusó de “direccionar” la investigación contra su familia y no así contra la expresidenta Cristina Kirchner. El empresario patagónico está procesado por dos maniobras de lavado de dinero y embargado por 800 millones de pesos.
