La energía es un insumo fundamental para la producción de prácticamente todos los bienes y servicios del mundo moderno. Una energía de calidad y a precios razonables es crucial para mejorar los niveles de vida de miles de millones de personas.
Sin la presencia de calor, luz y electricidad sería muy difícil que funcionen las fábricas, las grandes y pequeñas empresas e incluso las granjas, la manufactura de bienes, o disfrutar cualquier otro servicio que mejore la calidad de vida. La energía, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza están estrechamente conectados.
Sin duda, el acceso es fundamental para todos. Además, para proveer servicios energéticos de calidad, sostenibles social y ambientalmente, y que no quiebren a los estados, es necesario cumplir con tres requerimientos básicos: (i) infraestructura sostenible; (ii) instituciones sólidas; e (iii) incentivos adecuados.
Acceso. Gran parte de la población no tiene acceso a los beneficios de la energía moderna. En América Latina y el Caribe hay más de 26 millones de personas que carecen de acceso a la electricidad, usando baterías, velas y kerosene y al menos 87 millones de personas todavía emplean biomasa no sostenible, leña y carbón vegetal para calefacción.
Su uso constante está fuertemente asociado a menores niveles de ingresos y salud, y afecta en mayor medida a mujeres y niños. El acceso no sólo significa suministrar los servicios en poblaciones que no lo poseen; también implica mantener (e incluso mejorar) la calidad, confiabilidad y asequibilidad de esos servicios a los que ya los tienen.
Eso es, la energía debe estar disponible cuando se necesite y de la forma en que se necesite, así como tener un precio al alcance de la población. La infraestructura de producción, transporte y distribución de energía debe construirse con un balance apropiado entre los costos a corto y largo plazo, con la mejor calidad, cumpliendo con estándares internacionales, y resiliente a posibles impactos externos, como del cambio climático.
A la vez, esta debe tener la capacidad de operar sostenidamente y minimizar su impacto social y con el medio ambiente. Instituciones sólidas. Dado que los servicios energéticos tienen peculiaridades que muchas veces impiden el funcionamiento eficiente de los mercados, es necesario que las instituciones tengan la capacidad de implementar y hacer cumplir políticas, regulaciones y normas.
Estas instituciones también deben poder generar y recopilar información y datos y hacerla disponible con buenos mecanismos de difusión, para orientar el comportamiento de cada uno de los participantes del sector.
Igualmente, debido a las complementariedad y diversidad entre la dotación de recursos y patrones de oferta y demanda, países vecinos se pueden beneficiar trabajando en conjunto y compartiendo recursos energéticos.
Un sistema más grande y mejor integrado reduce la necesidad de reservas, aprovecha la diversidad de fuentes y esquemas de producción y consumo, y tiene una posición más favorable para absorber las fluctuaciones de los sistemas y de la generación estocástica, como lo son varias fuentes de energías renovables.
Los incentivos deben ser adecuados para que el consumo no sea excesivo y que se promueva la eficiencia energética y el uso racional. También deben motivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con impactos negativos sobre el ambiente. Las tarifas deben cubrir los costos de producción e incentivar a los proveedores a expandir la infraestructura e invertir para proveer servicios de calidad.
La meta del BID es aumentar el acceso a energía sostenible, confiable y asequible en América Latina y el Caribe, que contribuya a la reducción de la pobreza, promueva una mejor calidad de vida y fomente la competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo, por medio de infraestructura adecuada, instituciones sólidas y la alineación de incentivos entre productores y consumidores.
