Cristina Kirchner fue procesada por el juez Ercolini por asociación ilícita y administración fraudulenta, y embargada en $10.000 millones, acusada de haber cometido esos delitos en el marco de la aparente administración discrecional de los contratos de obra pública.
Pero esa no es la única causa que preocupa a la ex mandataria, que enfrenta acusaciones de distinta gravedad en las investigaciones sobre el alquiler de habitaciones en el hotel Hotesur, la administración de propiedades de la empresa Los Sauces, la venta de dólar futuro, y el atentado a la AMIA.
El juez a cargo de la causa Hotesur es el mismo que la procesó hoy, Julián Ercolini, quien investiga supuestas irregularidades en el alquiler de habitaciones realizados por empresas ligadas a Lázaro Báez. El magistrado sospecha que a través del alquiler fraudulento de habitaciones del hotel, Báez pagaba un retorno por haber “ganado” licitaciones de obra pública.
La investigación de la empresa inmobiliaria de la que son propietarios Cristina, Florencia y Máximo Kirchner, Los Sauces, está a cargo del juez Claudio Bonadio, quien imputó por sospecha de lavado de dinero a la familia de la ex Presidente, además de a la sobrina de Cristina, Romina de los Ángeles Mercado, y a los empresarios Lázaro Báez, Cristobal López. Al igual que en la Causa Hotesur, el magistrado sospecha que los empresarios devolvían dinero a la familia Kirchner a través de alquileres a propiedades pertenecientes a la sociedad Los Sauces.
Bonadio también lleva adelante la causa por la venta de dólar futuro, en la que Cristina Kirchner fue imputada junto a otras 14 personas, y fue procesada por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. La ex mandataria está acusada de defraudar al Estado por la venta a un precio “muy inferior al del mercado” de dólares en el mercado de futuros, según la denuncia presentada por los diputados Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR).
Por último, Cristina Kirchner está a la espera de la decisión de los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que en los próximos días definirán si se reabre o no la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente y otros funcionarios por encubrimiento de los autores del atentado contra la mutual judía.
