Casi un semestre después de los anuncios, tras negociaciones intensas con las provincias, críticas de la oposición al Gobierno y más de 50 jueces que manifestaron su oposición a las medidas, los aumentos en las tarifas de luz y de gas están casi en el mismo lugar del que partieron.
El rechazo de la Justicia a las subas obligó a reanudar la implementación de los viejos cuadros tarifarios, que estuvieron vigentes con escasas modificaciones en los 12 años del kirchnerismo.
De esa manera, las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur y las gasíferas de todo el país, como Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi, deberían comenzar a facturar los servicios con tarifas anteriores a los incrementos.
Esa decisión, sin embargo, será parte de una estrategia que busca todo lo contrario. Mientras avanza lentamente con la puesta en marcha de los viejos cuadros tarifarios, el Gobierno espera que distintos pasos procesales y administrativos demoren su aplicación y le permitan ganar tiempo hasta que se expida la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre las tarifas.
El fallo de la Corte Suprema, espera el Gobierno, podría ocurrir la semana próxima.
En el caso eléctrico, el fallo que anteayer difundió la jueza Martina Forns obliga al Gobierno a dar marcha atrás con las subas. Pero la administración de Mauricio Macri no tiene jurisdicción en las concesiones provinciales de distribución, como las que tienen EPE en Santa Fe o EPEC en Córdoba, que son potestad de los entes de cada distrito (ver página 18). De manera que el Gobierno sólo puede retrotraer una parte del aumento, específicamente la relacionada con la producción, el transporte y la distribución de energía en el área metropolitana.
Algunas empresas ya habían comenzado a hacer eso debido a las medidas cautelares concedidas por la Justicia. La gasífera Camuzzi, que atiende a la región Centro y a la Patagonia, fue la primera en enviar boletas con los viejos cuadros tarifarios debido a la imposibilidad de implementar los aumentos.
Entre las eléctricas, Edesur factura desde hace semanas con los viejos precios a los 11 partidos que atiende en el conurbano. Lo mismo le ocurre a Edenor. Ambas empezarían a aplicar las tarifas anteriores también en la Capital Federal.
Fuentes del sector eléctrico sostuvieron que la nueva facturación se aplicará cuando las empresas sean notificadas del fallo de Forns, algo que hasta ayer por la noche no había ocurrido. También confirmaron que deberían implementar los valores de enero.
Ayer por la noche el ministro de Energía, Juan José Aranguren, analizaba con David Tezanos y Ricardo Martínez Leone, interventores de los entes reguladores del gas y de la electricidad, alternativas para llevar a cabo la vuelta atrás. La intención oficial es encontrar un mecanismo que permita cumplir con los fallos de la Justicia que suspendieron los aumentos, pero al mismo tiempo no cierre la puerta a los futuros ajustes, que el Gobierno intentará implementar de todas maneras.
Una de las posibilidades es que las nuevas facturas con las tarifas viejas tomen en cuenta de alguna manera el futuro fallo de la Corte, que se espera confirme los aumentos.
En paralelo, continuará la disputa en los estrados. El Gobierno recusará hoy a la jueza Forns por prejuzgamiento, debido a que el fallo completo que congeló la suba de la luz se difundió primero en Minutouno.com, un medio del empresario kirchnerista Cristóbal López, y luego la magistrada dio entrevistas a C5N, TN, Radio Continental y Radio Nacional sin notificar antes al Gobierno.
Al mismo tiempo, analizaba alternativas legales para presentar en la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que ayer aceptó el recurso extraordinario de la Casa Rosada, pero con efecto devolutivo, por lo que sostuvo la cautelar que frenó los aumentos.
Además, analiza alternativas para sostener la operación de los servicios públicos. Estaba previsto que con los mayores ingresos que traerían los aumentos podría aplicarse una reducción de los aportes del Estado. Pero la demora en la implementación dejó a las empresas con menos fondos de los necesarios para operar, según sostienen.
Edesur sostuvo que la decisión de Forns “atenta contra la operación de la empresa e indirectamente contra la calidad del servicio de los clientes a los que, según el fallo, se intenta proteger”. E insistió: “De persistir esta situación, advertimos que podrá verse afectada la cadena de pagos de la empresa, así como también el plan de inversiones en obras actualmente en ejecución”.
La empresa recordó que “las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas durante 10 años, en medio de una coyuntura de alta inflación, lo que generó inexorablemente un deterioro de la calidad de servicio y fuertes quebrantos a las compañías”.
Por su parte, Edenor envió anoche a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un comunicado alarmante. Sostuvo que el fallo de Forns “abarca al 100% de nuestros clientes, y dado que posee efectos retroactivos al momento de entrada en vigencia de las resoluciones suspendidas (1° de febrero del corriente año), la retroactividad de la medida cautelar implica la acreditación a los clientes de las sumas pagadas en exceso del cuadro tarifario vigente a enero”. Y agregó: “El cumplimiento de la medida cautelar llevará a la Sociedad al absurdo de encontrarse sin ingresos operativos, lo que impedirá hacer frente en término de días a los gastos de operación. Esto pondrá el servicio eléctrico concesionado en una situación de riesgo inaceptable, afectando a 2.800.000 clientes de Edenor y más de 7.800.000 de usuarios”.
Edenor también pidió la aplicación de resoluciones vigentes durante el kirchnerismo que habilitaban la transferencia de recursos del Estado para sostener el servicio. Por todo eso, una ejecutiva del sector de trato frecuente con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y con su mano derecha, Roberto Baratta, ironizó ayer con que sólo faltaba el retorno de ambos para gestionar el sector, donde no tienen un recuerdo grato de ellos.
