Lapidario informe sobre los derechos humanos en el último año del gobierno de Cristina Kirchner

El informe anual del Departamento de Estado de los EEUU cuestionó la reforma judicial y las presiones a jueces; mencionó el caso Hotesur -que salpica a la familia presidencial-, la muerte del fiscal Nisman y alertó sobre abusos en materia de libertad de expresión: mencionó los casos de Lanata, Longobardi y Damián Pachter

El Departamento de Estado de los EE.UU. presentó hoy un lapidario informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina durante el último año del gobierno de Cristina Kirchner, que incluyó la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman, los hechos de corrupción que salpicaron a funcionarios nacionales, al punto que mencionó el caso Hotesur, que salpicó a la familia presidencial, como así también alertó sobre el avance sobre la Justicia y la libertad de expresión.
El informe anual de la dependencia que encabeza John Kerry fue elevado en las últimas horas al Congreso norteamericano e incorpora graves situaciones que ocurren en países de regímenes totalitarios, dictaduras y Estados donde directamente no impera la ley.
En el capítulo sobre la Argentina de los Kirchner, la administración Obama describe un panorama general de respeto a los derechos humanos, aunque alerta que los principales problemas son “la corrupción oficial”, casos de tortura policial y de violencia de género, y el avance que hubo el último año contra la Justicia -con la reforma judicial y presiones a jueces- como así también abusos de parte de funcionarios contra los medios de comunicación y periodistas. De hecho, menciona a Jorge Lanata, Marcelo Longobardi y Damián Patcher.
El Departamento de Estado, sin embargo, resalta que en octubre y noviembre se llevaron a cabo elecciones generales en el país que derivaron en el cambio de gobierno, con la llegada de Mauricio Macri, que asumió posiciones políticas y de gestión con un rumbo completamente distinto que el de Cristina Kirchner.

Los siguientes son los temas clave reflejados por el informe

Caso Nisman

Según recuerda el informe, “el 18 de enero, Alberto Nisman, fiscal especial a cargo de la investigación del atentado a la AMIA desde 2004, fue encontrado muerto de una herida de bala en la cabeza. Nisman tenía programado testificar en un comité del Congreso en relación con sus alegaciones de que el entonces presidente Cristina Kirchner conspiraron para favorecer la impunidad de los iraníes sospechosos de planear y ejecutar el atentado a la AMIA. Al final del año, las investigaciones sobre su muerte continúa sin resolver”.

“Un día después de asumir el cargo el 10 de diciembre, el gobierno del presidente Mauricio Macri retiró la apelación. El 22 de diciembre, el Tribunal Penal de Casación aceptó formalmente la acción del gobierno, por lo que el fallo definitivo de que el ME era inconstitucional”.

Corrupción

“El juez federal Claudio Bonadio fue descalificado para continuar con la investigación por presunto lavado de dinero y malversación de caudales públicos que afectan a Valle Mitre y Hotesur, en el que la ex presidente Cristina Kirchner y su marido tenían intereses financieros. Al fin del año, el caso continúa abierto”.

“Funcionarios legislativos, judiciales y se involucraron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de aplicación de la ley con eficacia, instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado, socavados por intentos sistemáticos para poner freno a la corrupción”, indica el informe del Departamento de Estado.

“El ex secretario de Transporte nacional, Ricardo Jaime, se declaró culpable de soborno y bajo un acuerdo de acta de negociación recibió una sentencia en suspenso de 18 meses, una multa de 206.000 dólares y una suspensión de dos años en servir en los cargos públicos”.

“Al final del año, la fecha del juicio para el ex vicepresidente Amado Boudou, quien fue acusado en junio de 2014 por enriquecimiento ilícito y otros delitos menores, quedó pendiente”

Periodistas bajo asedio

“El 3 de agosto, unos desconocidos apedrearon a la entrada del edificio del conocido periodista Jorge Lanata, dos días después de que se emitiera un informe en la televisión nacional que vinculaba al ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con la muerte de tres personas 2008 involucrado en el tráfico de drogas”, destaca el informe.

La Secretaría de Estado resalta que “hubo denuncias de la presión del gobierno sobre las empresas privadas para restringir la publicidad en los medios con posiciones contrarias al gobierno. En enero, Marcelo Longobardi, el anfitrión del programa de radio más popular en el país, informó que una compañía de seguros decidió dejar de hacer publicidad en su programa como resultado de la presión política“.

“El 24 de enero, Damian Pachter, el periodista que informó por primera vez de la muerte de Nisman huyó a Israel después de recibir mensajes privados advertencia de que su vida estaba en peligro. La cuenta oficial de Twitter de la Casa Rosada publicó una captura de pantalla de Aerolíneas Argentinas de itinerario de vuelo de Pachter. Al final del año Pachter permaneció en Israel”.

Escuchas ilegales

“El 21 de octubre de 2015, dos legisladores de la oposición presentaron denuncias penales en un tribunal federal alegando que el gobierno de Cristina Kirchner llevó a cabo escuchas ilegales en teléfonos de por lo menos 202 prominentes políticos argentinos, medios de comunicación, y figuras sociales conocidos por su oposición al entonces presidente Kirchner. Los casos permanecieron bajo investigación a finales años”

#Niunamenos

“No se dispone de estadísticas sobre el número de casos de violación denunciados durante el año. Muchas violaciones no se denuncian por temor a más violencia, castigo, y el estigma social”, resalta el trabajo de la Secretaría de Estado.
“El 3 de junio, más de 200.000 personas se manifestaron contra la violencia de género en la ciudad de Buenos Aires. La protesta -organizada por una coalición de organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil- exigió la plena aplicación de la ley del país contra el femicidio, incluido el asesoramiento posterior a la violencia y la asistencia legal gratuita a las víctimas de violencia de género, así como los programas de educación de los estudiantes. Al final del año el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género no estaba en vigor”.

Reforma judicial

“Mientras la Constitución y la ley prevén un Poder Judicial independiente, el gobierno (de Cristina Kirchner) no siempre lo respeta. Según las ONG locales, los jueces en tribunales penales ordinarios y federales estaban sujetos a veces a la manipulación política”.
“Una ley permitió designar jueces sustitutos (subrogantes) eludiendo la fase de clasificación normal y orden de criterios de mérito. Los medios informaron que el gobierno anterior seleccionó jueces afines a sus intereses. Pero la Corte Suprema declaró la norma inconstitucional”.