Luego de más de cinco horas en las cuales la oposición aprovechó para endilgarle al Gobierno el acuerdo con el Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, y se presentaron 42 cuestiones de privilegio, la Cámara de Diputados aprobó la modificación a la ley de ART. Fue con 88 votos afirmativos, 22 negativos y 44 abstenciones.
En un principio se esperaba que el oficialismo tuviera el apoyo de gran parte de la oposición -sobre todo el Frente Renovador y el bloque Justicialista- pero minutos antes de la votación estas dos bancadas anunciaron que se abstendrían porque se conoció que el Gobierno modificó la estimación de cálculo de la movilidad jubilatoria cada semestre.
Graciela Camaño, por parte del massismo, y Diego Bossio, del justicialista, fueron los encargados de comunicar esta disconformidad.
Según dijo el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, en declaraciones a La Nación: “Las modificaciones en la manera de aplicar la fórmula fueron hechas para que el cálculo sea más exacto ya que, según afirmó, antes había una ‘pequeña sobreestimación’ de los porcentajes”. Concretamente, según las explicaciones oficiales, se sobrevaloraba la variación que tenía la recaudación de los recursos tributarios que se destinan al pago de jubilaciones.
Por su parte, Elisa Carrió, de Cambiemos, dejó planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo “por haber modificado la ley” y anticipó su compromiso para que rige la actual (con respecto a las jubilaciones).
Quien rechazó de plano la iniciativa durante la comisión y durante su alocución en la Cámara fue Margarita Stolbizer, donde opinó que será declarada inconstitucional: “Se habla de la necesidad de bajar los juicios y lo que tiene que terminar haciendo un trabajador, frente al cercenamiento de sus derechos, es otra vez ir a golpear las puertas de los tribunales para plantear una inconstitucionalidad, y entonces tendremos juicios más largos y más caros”.
“Fue una mala ley de origen, que ya tenía como intención crear un mercado de capitales a costa de la salud de los trabajadores”, sentenció.
Lo mismo hicieron Axel Kicillof y Héctor Recalde del Frente para la Victoria, aunque el bloque en general había adelantado que votaría en contra.
El presidente del bloque kirchnerista aprovechó para defender su proyecto alternativo: “Otorga carácter optativo a la instancia previa administrativa, preservando el derecho de cada trabajador de acceder a la jurisdicción o someterse a la vía administrativa con carácter previo a someter la controversia a la vía judicial”.
A su turno, Kicillof criticó la modificación que impulsa el Gobierno y reiteró su disconformidad con la gestión: “Es el primer paso de una flexibilización laboral más amplia. En estos 14 meses este Gobierno ha deteriorado las condiciones de nuestros trabajadores. Ha logrado efectuar una reducción del poder de compra de los salarios que llega al 15%, eso quiere decir que quien perdió eso, perdió dos meses de sueldo”.
Por el lado de Cambiemos, Daniel Lipovetzky y Luis Petri defendieron la nueva ley. El primero sostuvo que “mejora la situación de los trabajadores y sus indemnizaciones, y establece un mandato legal para que trabajemos en la prevención” y justificó: “No se puede responsabilizar a la industria del juicio. Los abogados lo que hacen es defender los intereses del cliente”.
Por su parte, Petri, con vehemencia, manifestó: “Nos meten el miedo de la inconstitucionalidad, pero es inmoral que sostengamos el status quo. No voy permitir que nos corran con izquierda y que me digan que estamos legislando para el negocio de la ART, porque no es cierto”.
La gran crítica es que el proyecto contempla obligatoriamente a los trabajadores a ser revisados por una comisión médica como previo paso a comenzar un litigio. Ante esto, la oposición sostiene que no se enfocan en la prevención de accidentes, lo que consideran primordial.
Esto está estipulado en el artículo 1: “Constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”.
Lo que busca el Gobierno es que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de “cosa juzgada” en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo, cuyo contenido suele ser irreversible en otro procedimiento judicial posterior.
