La Cámara de Senadores dio media sanción, con 49 votos a favor y 15 en contra, el proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional, tanto en el sector privado como en el estatal, para detener los despidos y las suspensiones por seis meses.
La iniciativa comenzó a ser discutida en el recinto de la Cámara alta a las 16, y fue votada minutos antes de las 22.
El proyecto que impulsa el Frente para la Victoria con el apoyo del peronismo disidente y de la centroizquierda, prohíbe los despidos y las suspensiones por 180 días.
La iniciativa también le ofrece al empleado, al ser despedido, la posibilidad de ser reincorporado inmediatamente o de elegir que se le pague la doble indemnización.
Asimismo, quedan exceptuadas de lo que exige la ley las empresas que tomen personal tras la sanción definitiva del proyecto.
“Es hora de que entre todos empecemos a saldar las deudas sociales que tiene el país. Este es un proyecto realista y responsable. Garanticemos la paz social y después no tenemos problemas en votar las leyes necesarias para fortalecer a todos los empresarios”, alentó.
Finalmente, aclaró que “esta no es una ley contra el gobierno” de Mauricio Macri, que había deslizado que si es aprobada la vetará.
Por el contrario, el presidente provisional del Senado y representante de PRO, Federico Pinedo, cuestionó la propuesta al decir que “no sirve para recibir inversiones cambiar todo el tiempo las reglas” y opinó que “lo que hay que hacer es crear condiciones de empleabilidad”.
“No es que tengamos diferencias en cuanto a los objetivos. Lo que queremos es que la mayor cantidad posible de argentinos tengan trabajo”, remarcó.
Pinedo también aseveró que “lo que se ve es que el índice de trabajadores registrados entre diciembre del año pasado y ahora tuvo un pequeñísimo aumento”, pero argumentó que “desde septiembre a diciembre del año pasado se produjo una gran destrucción de empleos” porque “el gobierno anterior dejó de pagar las obras públicas”.
A su turno, el representante del Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereyra, quien a su vez se desempeña como secretario general del sindicato de petroleros privados del norte de la Patagonia, aseveró que “con esta Ley venimos a acompañar al gobierno, no a ponerle trabas”.
“De no aprobarla, comenzaríamos a entrar en un conflicto que nada bien le hace al país”, conjeturó.
Por el contrario, el radical Luis Naidenoff acusó al sindicalismo de “haber recuperado la memoria después de doce años” y le reclamó a la oposición que “no pretendan que un gobierno, en cuatro meses, solucione un desaguisado de ocho años de gestión del gobierno anterior”.
Por el contrario, el radical Luis Naidenoff acusó al sindicalismo de “haber recuperado la memoria después de doce años” y le reclamó a la oposición que “no pretendan que un gobierno, en cuatro meses, solucione un desaguisado de ocho años de gestión del gobierno anterior”.
En cambio, la rionegrina Magdalena Odarda, de la Coalición Cívica-ARI, reclamó cambios en el proyecto para que sea retroactivo al 1 de enero, que se contemple la reducción de la jornada laboral y que se invite a las provincias a adherirse a la ley.
El salteño Rodolfo Urtubey, en conjunto con el chaqueño Eduardo Aguilar, ambos del FPV, y el peronista disidente Roberto Basualdo, se mostraron de acuerdo con el proyecto, pero pidieron que sean exceptuadas del cepo a los despidos en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Además, pidieron que el período de prueba en esas firmas que contraten personal se extienda a doce meses.
“Si la Argentina terminara en Córdoba, diría que la ley está muy buena. Pero hay otra Argentina, donde hay un enorme tejido social de pequeños productores y comerciantes donde no se da la típica relación patrón-obrero”, justificó Urtubey.
“Si las pymes tienen que pagar doble indemnización, directamente, cierran. A las grandes, en cambio, no les pasa nada”, indicó Basualdo.
Por su parte, el peronista disidente Juan Carlos Romero pidió los mismos cambios y adelantó que, si no se aceptaba eliminar a las pymes de la redacción, iba a votar en contra.
En cambio, el massismo, representado en el chubutense Alfredo Luenzo y en la fueguina Miriam Boyadjian, también pidieron que se excluya a las pymes, pero anticiparon su voto a favor de la ley antidespidos en general
