Katya Daura llegó a ser la titular de la Casa de la Moneda, a principios de 2011, de la mano de su amigo, el entonces vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.
Pero hoy, luego de una gestión que dejó al organismo casi fundido con un patrimonio neto negativo que supera los $ 320 millones y deudas por más de $ 1.300 millones, la misionera sigue en la función pública.
Según publica el diario Perfil, Daura es una de las encargadas de atención al público en la Unidad de Atención Integral (UDAI), en la ANSeS de Pilar, con sede en Belgrano al 500.
Aunque -claro- no es la típica empleada pública. Tiene una de las categorías más altas y su sueldo ronda los $ 50 mil, gracias a sus casi 20 años en el organismo.
Según un informe que se conoció a principio de año, la gestión de Daura en la Casa de Moneda dejó un rojo de más de $ 360 millones, que gastó de los anticipos que desembolsaron clientes como el Banco Central; otros $ 470 millones que adeuda a múltiples proveedores, y $ 470 millones más que acumuló con la AFIP, de los que sólo una parte se encuentran ya en planes de pago. El total configura unos $1.300 millones.
Como varios funcionarios de la gestión kirchnerista, la amiga de Boudou tiene varios frentes judiciales preocupantes.
La ex funcionaria enfrenta una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito y además deberá detallar cuál fue su rol en la Casa de Moneda tras el caso Ciccone.
Daura fue una de las encargadas de explicar, en 2012, junto al entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el proyecto de expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone), luego sancionado por el Congreso.
Además, a principio de 2016, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó una causa en su contra, a raíz de una denuncia por la contratación de custodios de una empresa de seguridad privada y por el pago con fondos públicos de un servicio de rastreo satelital para autos de uso particular.
En 2015 la compra de una casa, junto a su marido Manuel Somoza, por 300.000 dólares, también quedó en la mira de la Justicia. La vivienda queda en Pilar y tiene 400 metros cuadrados.
En ese momento, salió al cruce de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y justificó la compra. “Mi grupo familiar es grande”, señaló.
