El presidente Mauricio Macri vetó la Ley de Trombofilia que había aprobado recientemente el Congreso y que había recibido cuestionamientos por parte de algunos sectores de la salud. La idea de la normativa era promover la detección temprana de este trastorno que puede causar complicaciones gestacionales, como reiterados abortos tempranos y también muerte fetal intrauterina.
El veto de la ley 27.335 se publicó hoy en el Boletín Oficial y entre los fundamentos, el decreto indica que dicha ley “se justificaría en el caso de tratarse de una patología desconocida y/o no correctamente diagnosticada”. Y añade que sobre la trombofilia “existe un amplio conocimiento de los profesionales médicos (ginecólogos, obstetras y hematólogos), tanto de la metodología de estudio y tratamiento de personas con antecedentes de trombosis, como del contexto de la investigación causal de pérdidas de embarazos”.
Una de las voces que habían salido a cuestionar la norma era la del Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis (CAHT), que hace pocos días había difundido un comunicado en el que afirmaba que “las sociedades científicas no fueron consultadas para asesorar sobre el tema y que, por lo tanto, la ley tiene graves fallas conceptuales y peligrosas consecuencias”. Este grupo sostenía que “estudiar ‘a todos’ no redunda en una eficaz prevención” y que “dado el alto costo de los estudios se generarán innecesarias erogaciones al sistema de salud”.
El veto presidencial argumenta que “el estudio temprano, aun en edad pre fértil y fértil en mujeres asintomáticas, no sólo no se encuentra recomendado por entidades científicas nacionales e internacionales, sino que está expresamente desaconsejado”. A su vez, recuerda que “la cobertura de los métodos de diagnóstico y tratamiento de la trombofilia en los casos debidamente justificados por el médico tratante, está asegurada por el Programa Médico Obligatorio (PMO)”.
El decreto también recoge las críticas que recibió la ley tanto de la CAHT como de la Sociedad Argentina de Hematología (SAH) y afirma que coincide con la visión del Ministerio de Salud.
Sin embargo, desde la organización Trombofilia y Embarazo, que impulsó y apoyó esta ley, afirmaban que la intención “no es confrontar con ninguna sociedad médica” sino darle “un marco legal al tema para avanzar en la investigación y garantizar el diagnóstico precoz y la igualdad de acceso a los estudios y el tratamiento”.
