La Justicia Contencioso Administrativa de La Plata suspendió este martes el aumento de las tarifas de cuatro de las empresas distribuidoras de energía eléctrica que prestan el servicio en la provincia de Buenos Aires, que no incluyen a las del área metropolitana Edenor y Edesur, que prestan servicio a los partidos del Gran Buenos Aires.
La medida fue dictada por el juez Luis Federico Arias al hacer lugar a una demanda del colectivo Acción en la Subalternidad contra una resolución del gobierno de María Eugenia Vidal, que aumentó las tarifas eléctricas entre un 100 y un 215 por ciento. La ONG había sostenido que ese incremento tarifario “nunca fue debatido en audiencias públicas”.
En consecuencia, el magistrado ordenó un recálculo de los cuadros tarifarios a las empresas Edelap (Empresa Distribuidora de Energía La Plata S.A.), Edesa (Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.), Edeasa (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.) y Eden S.A. (Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.).
“Las citadas empresas deberán emitir nuevas facturas con sujeción a lo dispuesto en el presente despacho cautelar”, sostuvo Arias en su resolución.
Detalles de la resolución
El magistrado ordenó dejar sin efecto “la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio público de energía, autorizados mediante Resolución N° 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos de la Provincia”.
Además, solicitó que “se ordene a las empresas demandadas abstenerse de aplicar la nueva tarifa a los usuarios del servicio público, efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas o, para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido, sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio”.
Según el magistrado, la resolución oficial “vulnera el principio de participación ciudadana en los términos del artículo 42 de la Constitución Nacional, es decir, se traduce en una manifiesta lesión a derechos de incidencia colectiva de carácter individual homogéneo, al cercenar la posibilidad de que los individuos que conforman la sociedad se expresen e interpongan impugnaciones previas al aumento tarifario del servicio público, el cual resulta superior al 100%”.
De esa manera, advirtió que “los usuarios se ven forzados a pagar en forma desproporcionada una tarifa de la que no han tenido, como ciudadanos consumidores, posibilidad de ser escuchados, conduciendo a un perjuicio económico desproporcionado e injustificado para todos los ciudadanos de la provincia”.
Revuelo judicial
Las subas en las tarifas son resistidas por vías judiciales en numerosas distritos a lo largo del país. Hubo amparos en provincias del Sur y también en Mendoza De manera paralela, abundan las quejas de vecinos, que se reflejan en distintas manifestaciones.
La semana pasada, la Justicia federal de San Martín se pronunció en contra de los aumentos, en lo que significó la primera medida cautelar de ese fuero. “Las facturas tienen aumento muy desproporcionado e intempestivo”, afirmó la jueza federal Martina Isabel Forns.
