El juez Julián Ercolini ordenó la intervención judicial del hotel Alto Calafate, propiedad de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Hotesur SA. La medida, que se implementará a través de una veeduría a cargo de un equipo especializado de la AFIP, se decidió tras el pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes solicitaron no sólo la intervención de Hotesur -la firma familiar dueña del hotel- sino también de Valle Mitre propiedad Lázaro Báez y gerenciadora del Alto hasta julio de 2013; e Idea SA, de Osvaldo Sanfelice, actual administrador del complejo turístico. También se decidió aplicar una inhibición general de bienes de todas esas empresas.
El Hotel Alto Calafate, intervenido por la Justicia. Foto Maxi Failla.
En su pedido, Pollicita y Mahiques habían argumentado que los ex presidentes Kirchner fueron los “principales artífices” de una “maniobra por la que se defraudó al Estado nacional”, donde lograron que Lázaro Báez -un “simple monotributista”- se convirtiera en empresario de la construcción con un patrimonio de 2.451 millones de pesos.
“Una vez que las ganancias ilícitas se encontraban en poder de Báez desarrollaron un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción” de dichos fondos, según los fiscales. En este punto sostienen que se creó un circuito económico basado en la actividad hotelera.
Al momento de pedir la intervención judicial de Hotesur, Valle Mitre e Idea, los fiscales remarcaron que es “la medida cautelar más adecuada” para “desplazar a los titulares que se encuentran sospechado de lavado de dinero” y así, “procurar una efectiva fiscalización de la actividad de las firmas”.
Otros tiempos. Cristina Kirchner y Lázaro Báez, juntos en el Mausoleo de Río Gallegos. Foto Opi Santa Cruz.
El juez Julián Ercolini, que aún debe decidir si llama a la ex Presidenta a indagatoria junto a sus hijos en esta causa, ordenó hoy una intervención con veeduría. Es el mismo esquema aplicado por el juez Sebastián Casanello en Austral Construcciones, firma insignia de Báez en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. El equipo estará integrado por especialistas de la AFIP denominados “interventores informantes”, que deberán dictaminar ante cada movimiento de las firmas.
Con la intervención del hotel Alto Calafate se busca una “correcta identificación, localización, inventario y valuación de la totalidad de sus bienes”, y a su vez proceder “a la recaudación de las ganancias de la actividad y detener el provecho que Máximo y Florencia Kirchner, como Sanfelice continúan obteniendo”.
Hotel Las Dunas que Báez le vendió a Kirchner. Foto Maxi Failla.
La maniobra de los hoteles
En 2008 los Kirchner comenzaron a adquirir los cuatro hoteles que hoy pertenecen a Máximo y Florencia. Lázaro Báez administró tres de los complejos turísticos, garantizando a la ex Presidenta desde 2008 a julio de 2013 unos 27 millones de pesos. Desde 2013 a la fecha, Osvaldo Sanfelice -socio de Máximo Kirchner-, se ocupa de gerenciar los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén. El hotel boutique Los Sauces Casa Patagónicaestá cerrado hace más de seis meses.
El Alto Calafate costó 4.9000.000 dólares y fue comprado por Sanfelice como intermediario y apoderado. En tanto, la hostería Las Dunas que perteneció a Báez, fue comprado por Máximo el 12 de febrero de 2008 en representación de su padre por 700.000 dólares.”Es el segundo canal más importante que usó Báez para remitir fondos desde las empresas de su grupo hacia Valle Mitre y de allí hacia los Kirchner”, señala el dictamen.
La Aldea de El Chaltén, otros de los hoteles de los Kirchner que gerenció Lázaro Báez. Foto: Maxi Failla.
Finalmente, La Aldea -adquirido por la inmobiliaria Los Sauces SA (intervenida judicialmente por el juez Claudio Bonadio)- se compró por 200.000 pesos. Fue administrado y explotado por Báez. “Se canalizaron fondos de la obra pública hacia los ex presidentes y sus hijos“, advierten Pollicita y Mahiques.
La Justicia consideró que está “acreditada” la “organización delictiva investigada”, utilizando dichas firmas y con la intervención de la familia Kirchner, de Sanfelice y Báez (también escribanos y contadores allegados a la ex familia presidencial y al empresario K), con el fin de “canalizar el dinero producto del delito precedente”, en relación a los 52 contratos viales que obtuvo el Grupo Austral por 46.000 millones de pesos.
Según los fiscales, para la maniobra de lavado de activos fueron necesarios los hoteles Alto Calafate (Hotesur SA), Las Dunas (de los hijos de la ex Presidenta), La Aldea (de Los Sauces SA), bajo la administración de Valle Mitre e Idea SA.
En este “andamiaje diseñado” los Kirchner interpusieron -según los fiscales-, la empresa Valle Mitre “como vehículo para ejecutar la maniobra a través de la administración de hoteles presidenciales”. Y definieron a la empresa de Báez como una “sociedad pantalla”.
