La Corte Suprema de Justicia de la Nación les pidió informes a la Oficina de Captación de Comunicaciones y al juzgado federal de Ariel Lijo por la filtración de escuchas telefónicas de las conversaciones entre la expresidenta Cristina Kirchner y el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli.
“Teniendo en cuenta los principios de transparencia y confidencialidad que deben regir la actuación de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, corresponde que se tome intervención a efectos de deslindar cualquier responsabilidad administrativa de los agentes intervinientes”, dispusieron los jueces del máximo tribunal.
En el informe además la Corte le pidió a Lijo que informe “cualquier circunstancia que considere pertinente orientada a dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a los agentes judiciales intervinientes en la captación, transmisión, entrega y resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las intercepciones telefónicas ordenadas en la causa”.
Los audios de las escuchas a Parrilli tuvieron un enorme impacto por su contenido, que había sido adelantado por TN Central. Primero con la palabra de Cristina, que habla de “causas armadas” contra el exgente de Inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso. Luego con las afirmaciones del exjefe de la AFI, en las que se refería al juez federal Sebastián Casanello como “presionable” y al entonces secretario de Justicia Julián Alvarez como el interlocutor del kirchnerismo con ese magistrado.
Las escuchas
Las grabaciones al teléfono de Parrilli fueron autorizadas por Lijo y realizadas por la oficina correspondiente que depende del máximo tribunal, en la causa en la que el exjefe K de los espías actualmente está procesado y con pedido de detención por presunto encubrimiento al supuesto autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez Ibar Esteban Pérez Corradi.
Parrilli ya había pedido que el máximo tribunal investigara la filtración de los audios, mientras que Cristina había acusado tanto a Lijo como al presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, al fiscal federal Guillermo Marijuan y a la AFI por la maniobra, pero todos negaron que hubieran difundido la grabación.
