El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) difundirá en los próximos días un documento sobre el periodo 2010-15 y la actual coyuntura, que reflejará un nuevo aumento de la pobreza en la Argentina.
Un extracto del relevamiento señala que el mayor riesgo de subocupación y empobrecimiento no afecta actualmente al sector formal de la economía (empleados registrados), sino a los trabajadores informales.
“Los incrementos en los precios y las tarifas y la menor actividad interna están generando un aumento de la pobreza. Estos nuevos pobres son, en general, familias de trabajadores de sectores populares no marginales o clase media baja que no cuentan con sistemas de protección social”, precisó Agustín Salvia, director del observatorio de la UCA.
En un informe anterior, el ente universitario católico estimó que en el primer trimestre de 2016 hubo 1,4 millón más de nuevos pobres en el país. Y ahora señala que todos los que se suman día a día a la estadística “emergen de medidas ‘normalizadoras’ adoptadas por el actual gobierno”.
El avance de la pobreza -se especifica en un adelanto del documento que publica el diario Clarín- afecta a “una amplia capa de trabajadores asalariados precarios, trabajadores independientes no profesionales, pequeños comerciantes y trabajadores eventuales (no menos de 3 millones de personas) los cuales, además de carecer de visibilidad y de representación política, o debido a ello, no han sido objeto de una especial protección social frente a la situación crítica generada por la caída del consumo, el aumento de los precios y el mayor riesgo de despido o caída de la actividad”.
Para el Observatorio de la Deuda Social, no hay todavía una crisis ocupacional, pero para estos sectores “en nada habría ayudado la ley antidespidos, pero sí una más clara decisión política a proteger, subsidiar y promover más fuertemente el empleo, el consumo y el nivel de actividad en los mercados donde estos segmentos se desenvuelven”.
La evaluación de la UCA además advierte sobre el riesgo de poner demasiadas expectativas en el supuesto derrame social que se generaría a partir de la llegada de las esperadas inversiones, por una serie de barreras estructurales que conspiran contra el desarrollo con inclusión social; entre ellas señala la concentración económica, la inserción internacional a partir de una fuerte especialización productiva basada en recursos primeros y la extranjerización de las empresas líderes.
El cierre tiene que ver justamente con el efecto contrario que podría observarse si no hay un plan alternativo: “Muy rápidamente pueden sumarse miles de nuevos pobres si el derrame o las medidas de protección social tardan más de lo previsto, resultan débiles o no llegan”.
