En una pelea por los más de 800.000 pesos mensuales de alquileres que administra la abogada Liliana Costa -a quien se le atribuye una relación personal con el empresario K-, la familia Báez decidió revocarle el poder general de Administración y disposición de inmuebles que le había otorgado por el dueño del Grupo Austral en noviembre de 2015. La notificación se realizó ayer a través de carta documento que llegó Manuel Ugarte 3640,, propiedad de Austral Construcciones. En la misma se obliga a la abogada que rinda cuentas -dentro de los próximos 10 días hábiles- de todo lo actuado y percibido en nombre de la empresa. Se trata de dinero que se está moviendo por “circuitos ilegales” para “evadir los embargos”, señalaron fuentes judiciales.
Costa maneja 848.000 pesos que cobra de diversos alquileres de propiedades de Austral en Capital Federal. Se trata de siete unidades funcionales que según el Tribunal de Tasación de la Nación valen 123.863.000 pesos. Este dinero no ingresó a las cuentas de la firma. La Justicia sospecha de una red de cuevas financieras donde se intercambió el dinero, con el único fin de evadir el embargo de 800 millones de pesos que el juez Sebastián Casanello le trabó a Báez.
Esto tiene su antecedente. En la causa investiga al menos cinco financieras en las que Martín y Luciana Báez movieron 148 millones de pesos en medio de las medidas judiciales.
Para eludir los circuitos bancarios, el dinero de los alquileres de la constructora -en parte cobrados con cheques que Báez endosó desde la cárcel- se monetizó en financieras, pero se desconoce adónde se destinaron los fondos que, como apoderada de Austral, Liliana Costa manejó desde el 9 de noviembre de 2015.
Ayer, después de que Clarín informara sobre estos extraños movimientos financieros, una carta documento acabó con la jugada.
Leandro Báez, el menor de los hijos del empresario K, cuenta con un poder general “para Juicios y Asuntos administrativos”y también es apoderado de Austral gracias a otro poder general amplio de administración y disposición del 31 de diciembre de 2015.En su nombre, el abogado Jesús Rodríguez Simolai dejó afuera a la supuesta novia de Lázaro.
“Notifico formalmente a Marta Liliana Costa que queda revocado de pleno derecho desde el día de la fecha todo poder que le haya sido otorgado por Austral Construcciones SA, como así también todo mandato expreso o tácito de representación de mi mandante”, explicita el texto al que accedió Clarín.
A su vez, la familia Báez que permanece en Río Gallegos, exigió que Costa “rinda cuentas” -dentro de los diez días hábiles-, de “todo lo actuado y percibido en nombre y representación” de Austral. Sólo en alquileres manejó 848.000 pesos mensuales. En un mes cobró cheques por 485.000. pesos. Mientras los Báez buscan recuperar el dinero de los alquileres, la Justicia pidió que se informe quién cobra el dinero y a dónde va a parar: el juez solicitó a los veedores colocados en Austral que informen sobre dichos movimientos.
En prisión, Lázaro Báez intentó dos veces que la Justicia autorice el ingreso de la escribana Verónica Isón para confeccionar un poder general judicial, sin especificar los motivos. El juez Casanello que investiga si el empresario K buscó eludir medidas judiciales, lo prohibió con el fin de “no entorpecer la investigación”.
Por: Lucía Salinas
