En una nueva gran desclasificación de archivos sobre la dictadura militar en la Argentina, el Departamento de Estado de los Estados Unidos precisó que en 1979 -cuando ya había pasado lo más masivo de la represión- su embajada en Buenos Aires había documentado 9.500 casos de personas víctimas de la dictadura, en su mayoría desaparecidos; en la misma lista también figuran algunos casos de detenciones a disposición del PEN y hasta confinamientos como el del propio Carlos Menem en Formosa.
Se trata de cientos de cables, transcripciones de conversaciones, reportes y notas entre el Departamento de Estado y la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires que “ayudan a clarificar” un importante número de casos de desapariciones.
Uno de los documentos más destacados de esta desclasificación es la lista -en forma de fotocopias de fichas –con 3 o 4 fichas por página, muchas con anotaciones a mano- de los casi 10 mil casos de violaciones a los derechos humanos. Para esto, muchos de los datos vinieron de casos particulares de personas que denunciaban, pero también nombran distintas organizaciones de adentro y de afuera del país como fuente de los datos consignados. Entre ellas, Amnesty International, Anti Defamation League, la DAIA, la Comisión Interamericana de Derechos Umanos (CIDH), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Un equipo coordinado por Carlos Osorio, director del National Security Archive’s Argentina Documentation Project (tal el nombre del proyecto de desclasificación encarado por el Departamento de Estado hace más de dos décadas) procesó los archivos. El resultado de ese trabajo son 15 documentos que detallan tanto casos emblemáticos de la represión ilegal, muchos de ellos enmarcados en el llamado Operativo Cóndor (la cooperación entre las fuerzas represivas de los países del Cono Sur), así como otros casos en los que existe información o pistas sobre el destino de las víctimas.
Por ejemplo, el documento número 9, cuenta lo relatado a la embajada norteamericana por una fuente bajo el alias “Jorge Contreras”, quien explicó cómo era la estructura y organización del aparato de inteligencia, y reveló la coordinación entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en el centro de operación “Reunión Central” localizado en la sede del Batallón 601.
Otro escrito importante es el número 7, que cita a Guillermo Suárez Mason diciéndole al embajador estadounidense, en el año 1979, que él había firmado “de 50 a 100 órdenes de muerte por día durante un largo período”.
También se destaca dos casos particulares: el secuestro de Horacio Campiglia y Susana Binstock -ambos montoneros que participaron de la llamada “contraofensiva” de esa organización– en Brasil, por miembros de las fuerzas operativas argentinas con la colaboración de su contraparte brasileña, y la posterior detención y desaparición de estas personas en Campo de Mayo.
Asimismo, hay referencias a la desaparición de trabajadores de la fábrica de cerámica Lozadur en 1977 y citan una fuente que alegó que 19 de ellos fueron ejecutados en Campo de Mayo en noviembre de ese año.
En el archivo 1, hay relatos minuciosos de una víctima norteamericana que manifestó lo vivido a las oficinas en Washington. Contó que sus captores usaron una “picana” y que la ataron con la cabeza para abajo y le tiraron agua encima para ahogarla. También sufrió ataques a sus genitales mientras le decían “te vamos a arreglar para que no puedas tener hijos”.
Otro extranjeros que se vieron afectados, según relata el documento 2, fueron 50 uruguayos que desaparecieron entre julio y septiembre de 1976. Un cable del embajador Robert Hill en Argentina revela que la trama fue llevada a cabo por las fuerzas de seguridad uruguayas, que capturaron a refugiados con la cooperación de las fuerzas argentinas y los obligaron a planear un simulacro de ataque al país vecino.
Los documentos proveen información sobre siete puntos:
1. El citado caso del secuestro de Horacio Campiglia y Susana Binstock -ambos montoneros que participaron de la contraofensiva- con la colaboración de Brasil en territorio brasileño, su detención y desaparición de Campo de Mayo. También sobre el destino de una docena de personas capturadas por los militares entre 1979 y 1980.
2. La clarificación de un número importante de casos de desapariciones forzosas y detalles sensibles sobre otros casos.
3. La estructura y el modus operandi del aparato de inteligencia y seguridad involucrado en el secuestro y desaparición de personas entre 1979 y 1980, que incluye la cadena de mando del Batallón 601, el centro de operaciones Reunión Central, que conduce a Leopoldo Galtieri.
4. Las torturas en los centros de detención y los asesinatos como política de contrainsurgencia de las fuerzas gubernamentales.
5. La cooperación entre la inteligencia y las fuerzas de seguridad de Argentina y Brasil en las fronteras ilegales, así como también entre Uruguay y Chile, como la Operación Cóndor.
6. La extensión de las operaciones de contrainsurgencia de las unidades de inteligencia y seguridad argentinas en Bolivia, Perú y Brasil, y en España a principio de los 80.
7. La meticulosa documentación del equipo de derechos humanos de la embajada de Estados Unidos de casi 10 mil casos de violaciones a los derechos humanos, la gran mayoría desapariciones forzosas.
Esta desclasificación es la más importante desde la del 2000, durante la presidencia de Bush. Por aquel entonces se intentó continuar con esta política, pero cuando el Departamento de Estado le solicitó a la CIA y al Pentágono que libere los documentos, rechazaron la solicitud.
Sin embargo, el Departamento de Estado siguió adelante con el proyecto de desclasificación y ya produjo dos grandes entregas de archivos.
Tras un largo proceso de revisión, 35 volúmenes de 500 páginas cada uno estaban listos para salir a la luz en septiembre de 2001, pero con el atentado contra las Torres Gemelas y la crisis económica y política de diciembre en la Argentina, todo quedó trunco. Hasta ahora.
Carlos Osorio elogió esta nueva entrega: “Brindan claves del destino de ciudadanos desaparecidos por un aparato de seguridad ilegal y cuentan la historia de una masiva e indiscriminada campaña de contrainsurgencia llevada a cabo por la dictadura militar, que tuvo como objetivo subversivos reales o imaginarios que incluyeron cientos de sindicalistas, trabajadores, clérigos, abogados de derechos humanos, científicos, doctores y líderes de partidos políticos”.
Por su parte, Thomas Blanton, director del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, le agradeció al Departamento de Estado bajo la conducción de Powell -presidencia de Bush- y de Albright -presidencia de Clinton: “Merecen el crédito real por esta histórica desclasificación. Los servicios extranjeros que documentaron los abusos a los derechos humanos en ese entonces y el equipo que trabajó para que estos documentos sean públicos, todos merecen nuestro agradecimiento”.
