El Máximo Tribunal brasileño declaró inconstitucional un método que utilizó el juez Moro que permitió, entre otras cosas, tomar testimonio al ex presidente.
La corte suprema de Brasil emitió un fallo contra las prácticas de la Operación Lava Jato y por mayoría declaró inconstitucional la conducción coercitiva, el instrumento legal para que los investigados sean obligados a testimoniar por la fuerza, como hizo en marzo de 2016 el juez Sérgio Moro con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Por 6 a 5, el Supremo Tribunal Federal, máxima instancia judicial brasileña, ratificó que llevar a alguien a declarar por la fuerza no siendo ni imputado ni procesado debe hacerse apenas como último recurso, si la persona ya se negó a las intimaciones formales.
El caso se inició a raíz del inicio de alto voltaje de la Operación Lava Jato, cuando el juez Moro envió a unos 500 policías federales a buscar al ex presidente en su casa en Sao Bernardo do Campo para ser interrogado por un comisario.
Moro entendió en su fallo que la conducción coercitiva servía para proteger a Lula, dada su estatura política por haber sido presidente entre 2003 y 2010.
Moro condenó a Lula por corrupción al encontrarlo culpable de recibir como soborno un apartamento en la playa de Guarujá, algo que el ex mandatario niega y acusa al magistrado de persecución para impedirle participar de las elecciones de octubre próximo.
La corte suprema declaró inconstitucional este instrumento apenas para personas que no hayan atendido las convocatorias de la justicia para declarar.
La corte suprema aguarda el pronunciamiento de la fiscal general, Raquel Dodge, antes de someter a votación un pedido de libertad de Lula, preso condenado a 12 años y un mes de prisión desde el 7 de abril pasado en la sede de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba.
