Después de haber congelado el promovido paro nacional en contra del gobierno de Mauricio Macri , la CGT despedirá el año con una postal semejante a aquella con la que lo comenzó: una protesta callejera multisectorial, con aliados hasta hace poco impensados, como los movimientos sociales y las agrupaciones piqueteras.
El rosario de demandas que guiará la protesta de hoy frente al Congreso no difiere demasiado del reclamo enarbolado el 29 de abril pasado, cuando todas las centrales obreras se unieron para apoyar una ley antidespidos, cuyo derrotero terminó en el primer veto presidencial.
Esta vez la intención es presionar por la sanción de una ley de emergencia social, que incrementaría en un 15% los montos de las asignaciones que distribuye el Estado y que ya cuenta con media sanción del Senado.
Si prosperara el proyecto opositor y se convirtiera en ley antes del 1° de diciembre, algo que resultaría difícil, su futuro tendría también destino de veto, arriesgan en el Gobierno.
Con la marcha como escenificación de su fortaleza, la CGT volverá a la carga con otros pedidos: exigir un pacto antidespidos hasta marzo de 2017 y solicitar la participación de los gremios en la elaboración del proyecto oficial para reformar el impuesto a las ganancias.
Estos dos puntos servirán para condicionar la antesala de lo que será la segunda mesa tripartita entre el Gobierno, la CGT y las principales cámaras empresariales del país, prevista para el lunes próximo en la Casa Rosada.
La alianza entre el sindicalismo peronista y los movimientos sociales esconde una intencionalidad: en su nueva etapa, sin un líder único, como lo era hasta hace poco el camionero Hugo Moyano, la CGT busca ampliar su radar de influencia y ser la garante de la paz social. Es un atajo solapado para aislar a los otros sectores que le disputan el control de la calle, como las dos CTA, la izquierda trotskista y el kirchnerismo residual.
Antes de converger, cegetistas y piqueteros recorrieron un proceso de unificación con características similares. En ambos casos hubo una intromisión del papa Francisco a través del área de Pastoral Social de la Iglesia. En alerta por la masividad que pueda tener la marcha de esta tarde, el Gobierno tomó nota -no bien llegó al poder- de que alguna solución a largo plazo debería explorar para contener e incluir a desempleados, trabajadores informales y beneficiarios de planes sociales. Se trataría de un universo de unos seis millones de personas.
La solución de fondo, que sería la generación masiva de empleo, todavía no llegó.
El diálogo de Stanley
En la Casa Rosada toman como punto de partida el fluido canal de diálogo que instauró la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley , con el denominado triunvirato piquetero que integran la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
En ese marco, ya hubo un acuerdo para garantizar un fin de año en calma: el pago de un bono extraordinario de $ 1000 para cada familia beneficiaria de la asignación universal por hijo. El monto podría ampliarse $ 200 la semana que viene.
En paralelo al curso que pueda tomar el proyecto de ley de emergencia social en la Cámara de Diputados, la CGT pondrá nuevamente en el tapete la incertidumbre por la estabilidad laboral.
Los sectores más perjudicados siguen siendo el textil y el de la construcción, pero ahora se les sumó el metalúrgico, golpeado por la baja de aranceles para productos importados, como computadoras y teléfonos celulares. Antonio Caló, jefe de la UOM, reconoció a LA NACION que en lo que va del año el sector metalúrgico sufrió 8000 despidos y 14.000 suspensiones, y que la cifra podría incrementarse por lo de las computadoras.
La política oficial de importaciones dominará parte del debate del lunes con los empresarios y el Gobierno, pero también el discurso que dará Juan Carlos Schmid, a cargo del cierre del acto de esta tarde.
La Casa Rosada pretende destinar $ 1200 millones por año a la aplicación de un plan destinado a la reconversión de sectores industriales en riesgo por las importaciones, según publicó Ámbito Financiero. Sería una suerte de subsidio para afrontar las indemnizaciones.
El Plan de Transformación Productiva, como se denomina la iniciativa impulsada por el Gobierno, generó rechazos gremiales y hasta empresarios. Por eso, en la marcha de hoy, entre tanta variedad, también habrá hombres del empresariado: estarán la Confederación Empresaria (Cgera) y representantes de las pymes.
Por: Nicolás Balinotti
