La Cámara Federal confirmó el segundo procesamiento del empresario detenido Lázaro Báez y de su hijo Martín por el delito de lavado de dinero. En este caso es por el reingreso al país de casi 33 millones de dólares que terminaron en la cuenta de la empresa Austral Constucciones que primero fueron sacados de manera ilegal.
Fuentes judiciales informaron que la Sala II de la Cámara volvió a criticar al juez federal Sebastián Casanello por la manera en que lleva la investigación y sostuvo que en el expediente “es de sentido común avanzar sobre la sospecha del acuerdo de voluntades entre Báez (y su grupo económico) y los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.
Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun también confirmaron los procesamientos del abogado Jorge Chueco, del presidente de Austral Construcción, Julio Enrique Mendoza, y del aporderado de esa empresa Claudio Fernando Bustos.
Respecto de Lázaro Báez y Chueco la Cámara también confirmó sus detenciones por lo que continuarán en la cárcel federal de Ezeiza.
El primero procesamiento a los Báez fue por los cinco millones de dólares que contaba Martín y otras personas en la financiera S.G.I. y que quedó registrado en filmaciones.
En este segundo caso, el juez Casanello los había procesado a todos porque en su investigación reconstruyó que Báez sacó del país 32.800.000 dólares que fueron reingresados al país entre el 14 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de 2013 através de bonos de la deuda pública argentina comprados por Helvetic Services Group S.A. El dinero de los bonos terminó en cuentas de Austral Construcciones.
Báez había dicho que el dinero se lo había prestado la empresa IECSA, de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, para participar en conjunto de una licitación pública. Pero la Cámara rechazó esa versión.
“Todo lo que se viene de exponer lleva a entender que los treinta y dos millones ochocientos mil dólares que manejó Helvetic eran, en verdad, fondos de Lázaro Báez y que provisoriamente se habrá de aceptar la hipótesis desarrollada por el Juez en cuanto a considerar como ilícito precedente al fraude impositivo proveniente de la utilización de facturas apócrifas`”, sostuvieron los camaristas al confirmar la resolución de Casanello.
Sin embargo, volvieron a advertirle sobre cómo lleva la causa y señalaron que “continúa aferrado a calificaciones legales predeterminadas para poner límites a su investigación” y que tiene un “enfoque cerrado”. Ya lo habían hecho el 30 de junio pasado cuando ratificaron el primer procesamiento de Báez y le ordenaron investigar a Cristina Kirchner por sus relaciones comerciales con Báez y la millonaria concesión en obra pública que el empresario recibió durante el krichnerismo.
“Ya se ha dicho que es de sentido común avanzar sobre la sospecha del acuerdo de voluntades entre Báez (y su grupo económico) y los ex Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que se inició a partir de las relaciones personales (y/o comerciales privadas) pero que habría derivado en la asignación y realización de negocios con el dinero estatal”, señalaron.
Y agregaron: “Y esto es central, porque ese presunto desvío de interés de los funcionarios en el manejo de los fondos públicos resulta independiente de las otras causas que los restantes jueces del fuero investigan sobre las irregularidades puntuales que pudieron o no haber acaecido en cada contrato de obra pública”.
La Cámara también señaló que Casanello debe centrarse en la investigación sobre las irregularidades en la obra pública, más allá que otros jueces tengan esas causas.
“Lo que demuestra que todavía persiste en el enfoque cerrado en ese delito: y ya se le dijo que lo que tiene que investigarse, sea por el Juez o por el Fiscal, son los hechos sucedidos pero sin limitarse a considerarlos o no como delito precedente de otro, porque de inicio se advierte la posibilidad cierta de que constituyan autónomamente otro que protege a la administración pública”, sostuvieron.
