La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para regular el derecho de acceso a la información pública con 229 a favor y tan solo cuatro en contra-el Frente de Izquierda. Ahora, deberá ser aprobada por el Senado, aunque comenzará a regir recién pasado un año de su publicación en el Boletín Oficial.
Las pocas objeciones que recibió se refirieron al hecho de que el director de ese organismo será propuesto por el Poder Ejecutivo sin intervención de los otros poderes del Estado, mientras que su remoción deberá ser consultada con una comisión bicameral del Congreso cuya opinión, sin embargo, no sería vinculante.
Esto fue modificado durante la votación en particular a pedido de la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño, quien advirtió que la opinión de esa comisión del Congreso respecto de la remoción del funcionario debería ser vinculante, lo cual fue aceptado por el oficialismo.
Para el Gobierno esta es una ley de trascendencia ya que junto con Bolivia, Venezuela y Cuba, Argentina integra la nómina de países que no la tienen. Lo que plantea es obligar a los tres poderes del Estado a brindar la información requerida por cualquier ciudadano en un plazo de 15 días, con la posibilidad de prorrogarlo por otros 15, con una cantidad de sanciones para las áreas que no cumplan con la norma.
También abarca a el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, y las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria, los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios, empresas, partidos políticos, sindicatos, universidades y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre otros.
Si bien la oposición acompañó el proyecto en general, objetó las excepciones planteadas para la entrega de información, mientras las organizaciones de la sociedad civil, que participaron del debate en comisión, habían cuestionado la falta de “autonomía” de la autoridad de aplicación de la ley, que dependerá del Poder Ejecutivo.
Existen, de todos modos, una serie de excepciones para la entrega de información, como cuando se trata de “información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior” o “información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”.
Otras excepciones tienen que ver con “secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos”, “información en poder de la Unidad de Información Financiera (UIF)”, aquella que “pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona” o la que estuviera “protegida por el secreto profesional”.
La iniciativa crea una agencia de Acceso a la Información Pública, como ente autárquico, que funcionará con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, y cuyo director será elegido por el Poder Ejecutivo en un procedimiento “público, abierto y transparente que garantice la idoneidad del candidato”.
La defensa inicial del proyecto estuvo a cargo del diputado oficialista Pablo Tonelli, quien lo calificó como “un gran avance” para que el Congreso “cumpla con una deuda que arrastra desde hace muchísimos años” y agregó: “La transparencia, la publicidad de los actos de gobierno, es una de las mejores herramientas para luchar contra la corrupción”.
En la misma línea, el jefe del interbloque ofcialista, Mario Negri, aseguró que “no es lo mismo luchar contra la corrupción sin Ley de Acceso a la Información Pública, queda casi manca esa lucha sin esta ley”.
A su turno, la diputada del FpV Diana Conti recordó que “mientras el Congreso estaba en deuda, el Ejecutivo a cargo de Néstor Kirchner dictó un decreto (el 1172 de 2003) que ha recibido halagos de toda la sociedad civil y de los organismos internacionales”.
Tras destacar ese decreto, que se refería al acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo, Conti subrayó que “en estos años maduró la idea de que el derecho a la información pública es un derecho humano fundamental”.
