La AFIP ratificó la denuncia penal sobre operaciones de importaciones simuladas durante 2012 y 2015, durante la vigencia del cepo cambiario, para girar dólares al exterior al tipo de cambio oficial, que había formulado el suspendido titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.
Son 55 casos por U$S 300 millones en los que no hay constancia de que haya ingresado la supuesta mercadería importada de un paquete total de operaciones irregulares o inconsistentes por u$S 14.173 millones que involucra 17.495 personas físicas y jurídicas con CUIT.
Comprende a poco más del 20% de los operadores registrados para operar en comercio exterior y fue durante el gobierno de Cristina Kirchner. “El martes 30 de agosto se ratificó la denuncia que se realizó el 16 de agosto, el Juzgado Penal y Económico 8 – Fiscalía 10 ya se encuentra trabajando en ella”, dijo Abad en conferencia de prensa
Por este procedimiento esos operadores obtenían dólares al tipo de cambio, cuando por el cepo no hubieran podido adquirirlos, con una enorme ventaja porque el dólar blue o paralelo llegó a cotizar en esos años con una brecha de más del 50%.
El mecanismo era el siguiente: una empresa lograba la autorización o una DJAI (Declarada Jurada Anticipada de Importación ) para importar cierta mercadería y pedía al Banco Central las divisas para pagarla. Luego la operación no se realizaba o dicha DJAI se reutilizaba varias veces. El importador así sacaba al exterior los dólares que había comprado al valor oficial. Las DJAI las manejaba el ex secretario de Comercio K, Guillermo Moreno.
La denuncia, que comprende delitos cambiarios y aduaneras, fue hecha a mediados de agosto por el titular de la AFIP, Alberto Abad en una conferencia de prensa junto al entonces director de la Aduana, Juan José Centurión, y el subgerente de Operaciones de Control Aduanero, Pablo Allievi.
Ayer, en rueda de prensa al dar a conocer las cifras de recaudación de agosto, Abad dijo que la denuncia sobre los 55 casos había ingresado en el Juzgado Penal y Economico 8- Fiscalía 10.
En relación al resto de los casos, Abad señaló que del total de U$S 14.173 millones :
* hay 499 casos por US$ 8.133 millones que tendrán inspecciones directas en los domicilios de las personas o empresas.
* los otros 16.941 casos tendrán requerimientos electrónicos para que justifiquen un total de operaciones por U$S 6.040 millones.
Abad explicó que las inconsistencias detectada son por los giros al exterior de dólares que no coinciden con las declaraciones juradas que autorizaban las importaciones y el ingreso de las mercaderías.
En otros casos hubo operaciones en que la importación se efectivizó pero el giro de dólares se hizo por montos superiores a los aprobados en las Declaraciones Juradas o con una misma DJAI se hicieron varias transferencias al exterior.
Las irregularidades comprenden al 8% de las importaciones de esos años y alcanzan a más del 20% de los operadores habilitados en el registro de comercio exterior, que son alrededor de 80.000 y a casi la mitad de los operadores activos ( unos 35.000).
Abad explicó que los operadores que van a ser inspeccionados deberán justificar los giros al exterior y que si se comprueban que las inconsistencias fueron maniobras serán denunciados por los delitos cambiarios e impositivos.
De todos modos, el titular de la AFIP también aclaró que esos operadores podrán ingresar al blanqueo que exime a los que blanqueen de los delitos vinculados a esas maniobras.
La posibilidad de que esos fraudes puedan quedar blanqueados motivó muchas preguntas de los periodistas que asistieron a la rueda de prensa. Abad dijo que la ley de blanqueo engloba esos casos. Distinto es, aclaró, si se comprueban delitos vinculados al lavado de activos.
La ley de blanqueo dice que quienes blanqueen ”quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado”.
Especialistas del sector dicen que también la UIF (Unidad de Información Financiera) debería haber alertado por estas operaciones sospechosas, lo mismo que muchos bancos privados que actuaron de intermediarios.
