Se agrava el panorama judicial de Julio De Vido: el juez federal Claudio Bonadio dispuso el procesamiento y un embargo por mil millones de pesos contra el exministro K de Planificación, en la causa que investiga el magistrado por irregularidades en la asignación de susbsidos al gasoil para líneas de colectivos.
El magistrado ordenó medidas similares contra otros exfuncionarios K como Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Eduardo Sícaro, contra quienes dispuso embargo por sumas de hasta 900 millones de pesos. En total, los embargos son por $ 3700 millones.
Los procesados están acusados de haberle generado un perjuicio al Estado por más de 600 millones de pesos, y el juez argumentó en su fallo: “Durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían”.
Para Bonadio, a tal fin los procesados “diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
“Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014”, afirma.
El descargo de De Vido
Citado a indagatoria por el juez, De Vido había negado con un escrito haber tenido “competencia” en el otorgamiento de subsidios a las empresas de colectivos y aseguró que eso correspondía a la Secretaría de Transportes y a la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT).
En su presentación, además, rechazó que hubiera habido ilícitos en la entrega de esos fondos a las empresas, al asegurar que “los responsables” de la Secretaría y la CNRT “ya se han presentado (en el juzgado) y han demostrado la regularidad de su actuación”.
Al igual que en otras causas penales en que se encuentra acusado, el exministro K había atribuido esta imputación a la “persecución judicial” que dice estar “sufriendo”, así como a lo que denominó “presiones” por parte del “propio Presidente de la Nación (Mauricio Macri) y el Ministro de Justicia (Germán Garavano) sobre el Poder Judicial”.
El caso
En esta causa se investigan los subsidios que los gobiernos de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner entregaron a las empresas de transporte de colectivos para ayudarlas a afrontar los costos de combustible, entre 2005 y 2012, a cambio de que no subieran el precio de los boletos.
El mecanismo se ponía en marcha con una mera declaración jurada a la Secretaría de Transporte por parte de las empresas, que registraba cuántos kilómetros recorría cada colectivo y el número de pasajeros, y la CNRT tenía que controlar si esos datos eran veraces o no. Los investigadores detectaron fraudes en las declaraciones juradas y un millonario perjuicio para las arcas públicas.
Se trata del cuarto procesamiento contra el exministro K de Planificación: los otros tres son por su responsabilidad en la tragedia de Once, irregularidades en la renegociación de los contratos ferroviarios y compra de trenes chatarra a Portugal y España. Además podría ser expulsado de la Cámara de Diputados por “inhabilidad moral”, luego de la que la Justicia rechazara su detención y desafuero en la causa por presunta defraudación millonaria en la causa por el yacimiento de Río Turbio.
