Se trata de las citaciones que dispusieron los jueces Julián Ercolini, Sebastián Ramos y Claudio Bonadio que investigan esos hechos: el primer magistrado lo llamó a indagatoria en la causa por la que metió preso al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, por la compra de material ferroviario inservible a España y Portugal.
El juez Ramos lo investiga por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en una causa que investiga por qué nunca se renegociaron los contratos ferroviarios de transporte de pasajeros entre 2003 y 2009 ni se integraron los equipos de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), creada en 2002 en medio de la emergencia económica y reformulada en 2003 con su nueva denominación.
Además deberá presentarse ante Bonadio para notificarse de manera formal de la imposición de un embargo por 600 millones de pesos por la tragedia de Once, en la que fue procesado como supuesto coautor del delito de descarrilamiento y presunto partícipe necesario del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta.
También se investiga una denuncia por enriquecimiento ilícito por la que el juez federal Luis Rodríguez había dispuesto a fines de abril un allanamiento a un departamento de la avenida Libertador a 2200, en Palermo, pero la defensa informó que actualmente allí reside el hoy diputado y por lo tanto lo protegían sus fueros parlamentarios.
De Vido quedó imputado tras las declaraciones del financista “arrepentido” Leonardo Fariña en la causa por la llamada “ruta del dinero K”, y desde 2008 la diputada Elisa Carrió lo nombró en una denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner, funcionarios y empresarios amigos.
