Es un paradigma en quiebra. Por la creciente industria del juicio -este año habrá un récord de 120.000 demandas- el sistema de riesgos del trabajo tiene un pasivo que alcanza los 4500 millones de dólares. Pero eso no es todo: la exponencial litigiosidad aumenta el costo laboral de las empresas a través de las elevadas alícuotas que cobran las aseguradoras, lo que restringe la creación de empleo.
El Gobierno avanza en una solución a este reclamo que las compañías hacen desde hace tiempo sobre los costos laborales no salariales. Dos jueves atrás ingresó en el Senado un proyecto que busca mejorar el actual sistema y que, según estiman, tiene el consenso de compañías y trabajadores. “Hay un acuerdo, sobre todo entre las partes. Diría que los únicos que se oponen son algunos abogados laboralistas”, afirmó una importante fuente del Ministerio de Trabajo a LA NACION, que agregó que la idea es mejorar los mecanismos actuales haciéndolos “más expeditivos y eficientes”.
Irónicamente, la litigiosidad crece pese a que el índice de accidentes desciende desde 2003. La modificación de la ley de riesgos del trabajo que introdujo el kirchnerismo en octubre 2012 logró terminar con la llamada “doble vía”. Sin embargo, por la ineficiencia del sistema, los trabajadores prefieren hoy salir de él e impulsar un juicio contras las ART, “que duran años y que beneficia sólo a los abogados”, contaron desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que dirige Gustavo Morón, a LA NACION. Hoy el 70% de las controversias no pasa por el sistema, sino que van directamente a los tribunales laborales, según datos oficiales.
Estas decisiones impactan en los elevados costos de las alícuotas que las aseguradoras cobran a las empresas, que pueden duplicar las de países con sistemas similares, como Chile o España. Ese riesgo legal tiene costos: según la Unión Industrial Argentina (UIA), hay firmas que pagan hasta $ 650 de prima por trabajador. Algunas llegan a abonar hasta 10% del salario bruto.
El sistema cubre a 9,8 millones de trabajadores y 980.000 empleadores, y atiende 663.442 accidentes o enfermedades por año. Actualmente, en la Argentina hay 21 aseguradoras. Los siniestros, según datos oficiales, se concentran en 40% en la provincia de Buenos Aires y en 17% en territorio porteño. Córdoba (7,7%), Santa Fe (7,5%) y Mendoza (5,8%) también son importantes. En total, esos distritos representan 78% del total de accidentes laborales en el país.
Las modificaciones pensadas por el Gobierno -que buscarán las adhesiones de las provincias- empiezan por las Comisiones Médicas. Esta será una instancia previa, única, obligatoria y excluyente. Luego de un accidente o enfermedad el trabajador pasará por allí -se sumarán nuevas y se harán más accesibles- y si todo sale bien cobrará su indemnización en su cuenta sueldo y en 60 días. Hoy los trabajadores hacen juicio, que suelen tardar tres años. Los turnos en las comisiones médicas tardan 60 días. Quieren llevarlo a un mínimo de un mes. Además los peritos médicos cobrarán honorarios en relación a la labor realizada y se institucionalizará un baremo (listado de incapacidades). Todo el procedimiento será gratuito.
Pero además mejorarán algunas prestaciones directas para los trabajadores: se aumenta el monto de la indemnización por accidentes o enfermedades profesionales; se reconoce una actualización monetaria entre el momento del accidente y la puesta a disposición de la indemnización; se incrementa el interés por mora en el pago de las indemnizaciones; se alarga el plazo que sufrió un accidente (se paga una indemnización que sustituye al salario por dos años). La intención oficial es que, gracias a las mejoras de las prestaciones, cobertura y eficiencia, los trabajadores opten por mantenerse dentro del sistema en vez de ir al juicio laboral. Esto, a largo plazo, creen que impulsará una baja de las alícuotas que las aseguradoras cobran a las empresas.
El proyecto oficial prevé además un autoseguro público provincial, que incorpora a empleados públicos provinciales y municipales. En la actualidad hay fuera del sistema nueve provincias y 1000 municipios y comunas. Se trata de cerca de 750.000 trabajadores públicos.
Claves de la iniciativa
El proyecto que el Gobierno envió al Senado busca hacer más eficiente y ágil el sistema para que los trabajadores opten por no ir al juicio. A largo plazo, reduciría el costo de las alícuotas.
Mejorarán las prestaciones y cobertura de los 9,8 millones de empleados privados en el sistema, pero también se ofrecerá un seguro para casi 750.00 empleados públicos de nueve provincias.
Para que la ley tenga impacto nacional, el Gobierno deberá buscar la adhesión de todas las provincias, lo que implicará una ardua negociación. Buscarán que la ley está aprobada para comienzos del año que viene.
Francisco Jueguen
