Horas después de haber pasado por los tribunales de Comodoro Py, el ex ministro de Planificación Julio De Vido sumó un nuevo dolor de cabeza en los tribunales: el juez Julián Ercolini elevó hoy a juicio oral la causa donde se investiga la compra de trenes chatarra a España y Portugal, hecho que motivó la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. De Vido suma así su segundo juicio, ya que a fines de septiembre arrancará el debate oral por la tragedia de Once.
El fiscal federal Federico Delgado había pedido hace tres semanas que se cerrara la investigación. También lo había solicitado la Oficina Anticorrupción.
En ese expediente, De Vido está procesado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y como participe del cohecho, ya que Jaime y su testaferro Manuel Vázquez cobraron €2 millones en coimas que se canalizaron a través de la empresa CAESA.
Para el fiscal Delgado, De Vido “conservó en todo momento el dominio de la situación” y “manejó el desarrollo de los sucesos tanto en el plano específicamente material, como en el del diseño jurídico”.
La causa investiga la compra, entre 2007 y 2011, a empresas de Portugal y al gobierno de España locomotoras y furgones por más de €102 millones (€76.313.108.85 se le pagaron a España y €25.639.896 a Portugal).
Un informe oficial determinó que el material era inservible: “Algunas ruedas estaban muy gastadas”, “a los frenos, convertidores y equipos de aire acondicionado les faltaban componentes”, “algunos coches estaban muy oxidados”, entre otras irregularidades.
“Se trata de la compra de material ferroviario en malas condiciones con el alegado propósito de dar trabajo para reactivar la tradicional industria ferroviaria en nuestro país y, en consecuencia, mejorar el servicio de transporte. No obstante el sector no se reactivó, el servicio no mejoró y se adquirió material en malas condiciones. Por lo tanto, se causó un perjuicio a las arcas públicas”, describió Delgado en su pedido de elevación a juicio.
Según un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN), en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171% y además no hubo controles cuando los trenes llegaron al país. En tanto, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) detectó que de las 46 unidades, 36 estaban fuera de servicio y 10 para desguace.
De Vido ingresó a la causa en una segunda tanda. Para entonces ya estaban procesados Jaime, Vázquez y Ricardo Testuri, un ex funcionario del área de Transporte que controló el material rodante.
También será juzgado Carlos Castaño, un ex funcionario de la CNRT, porque “colaboró con dicha maniobra realizando actos que hacían a su competencia como funcionario público, los cuales resultaron determinantes para la suscripción de los contratos, inspecciones e informes del material rodante en España y la República de Portugal de compraventa de material rodante ferroviario en cuestión”.
