La situación judicial de Lázaro Báez se complica cada vez más. Al procesamiento por lavado que confirmó la Cámara Federal porteña se suma una investigación para determinar si el empresario K y sus allegados falsearon operaciones para saltear las prohibiciones para mover fondos impuestas por el juez federal Sebastián Casanello. La sospecha es que los Báez habrían manejado al menos 10 millones de pesos al margen del control de la Justicia.
Por orden de Casanello se hicieron 18 allanamientos en inmuebles que figuraban relacionados con nueve empresas que se habrían usado como fachadas. La investigación se hizo a partir de una denuncia que presentó la Unidad de Información Financiera (UIF). Casanello dispuso además el secreto de sumario en la causa de “la ruta del dinero K”.
Uno de los procedimientos se hizo en el estudio jurídico de Carlos Broitman, actual abogado del presunto autor intelectual del Triple Crimen Ibar Pérez Corradi. Broitman dijo que no tenía relación con Báez y que él sólo le subalquilaba una parte de su estudio al contador Gastón Bequet, que preside Catahu SA, una de la empresas investigadas, de acuerdo a La Nación.
Según la denuncia de la UIF los Báez habrían inventado relaciones comerciales con las empresas allanadas con el objetivo de evadir las cautelares que dispuso el juez para evitar fugas de dinero del patrimonio de la familia. La maniobra se hizo a través de la compañía M&P, integrada por Martín Báez (50%), Luciana Báez (30%) y el contador César Andrés (20%).
En la presentación de la UIF se detalla el mecanismo de las operaciones investigadas. M&P tiene un contrato de gestión de cobro con Austral Construcciones, la principal empresa del grupo Báez. Austral declara que tiene créditos por deudas con las empresas allanadas, por lo que M&P recibe fondos de esas sociedades. Justamente por estas operaciones los fondos no entran a Austral, que está en el centro de la investigación y con limitaciones para mover dinero.
