Como una mancha de humedad que se cuela hasta reaparecer sobre la pintura nueva que intenta taparla, el fantasma de una posible amenaza terrorista persiste en entorpecer los pasos con que el gobierno busca alejarlo. Mientras multiplica las alertas, los operativos de inteligencia y rastreo, y los simulacros ante eventuales ataques, el ministerio de Seguridad corre detrás de cada sospecha y de cada rumor. Clarín confirmó la última versión que analiza la ministra Patricia Bullrich: hace dos meses, por encargo de un supuesto grupo de libaneses, un ex prefecto con antecedentes penales habría obtenido y vendido los planos de las tres plantas potabilizadoras de agua que abastecen a la Capital y el Gran Buenos Aires.
Primero, lo esencial: soslayar cualquier dato respecto a un posible interés terrorista en objetivos argentinos sería un enorme error que el gobierno no podría permitirse. Sembrar el pánico o buscar un rédito político de esas versiones, una locura. En medio de esas dos resbalosas banquinas, la información dice que hace casi un mes, el 30 de agosto, ciudadanos libaneses habrían contactado en Puerto Iguazú a Juan Carlos Bassi, un ex prefecto que fue investigado por traficar pistolas y ametralladoras a Brasil y abastecer de armas a sus familiares de Rosario, en su guerra contra los Cantero, otro clan local que dirige la organización narco “Los Monos”. Por el control territorial del tráfico de drogas, ambas bandas convirtieron a esa bella ciudad en un matadero.
Juan Carlos Bassi, supuesto dueño de la armería Shooters de Puerto Iguazu, es una figurita conocida para las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia de Argentina, Brasil y Paraguay. Otro jalón en su foja de servicios justifica las miradas torvas sobre él. En 2003, el ex ministro de Seguridad de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz, involucró a Bassi en la causa por el atentado terrorista a la AMIA, en 1994. ¿Cuál habría sido aquella vinculación? Según declaró entonces el ex funcionario basándose en la declaración de un testigo protegido, “el suministro de los explosivos para el ataque”. Bassi respondió con una desmentida y una denuncia penal.
Pero aquellos antecedentes y las sospechas que arrastra desde hace dos décadas lo convirtieron en un objeto permanente de vigilancia, a veces más discreta que otras. Según supo Clarín, un informante habría alertado a la Gendarmería que Bassi habría vendido los planos de las plantas potabilizadoras de agua que se encuentran en Tigre, Bernal y la Capital Federal (sobre la avenida Figueroa Alcorta) a un grupo de libaneses interesados en esos papeles estratégicos. Este diario también recogió la versión de que el primer alerta lo habrían dado los servicios de inteligencia paraguayos.
Poco más se sabe hasta ahora. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó a Clarín que “tenemos el rumor, y la Gendarmería ya trabajó en él y en un plan de contingencia para mejorar las medidas de seguridad y prevenir cualquier sorpresa. Estamos investigando, pero aún no hay información de calidad. La mesa de reunión de información terrorista no tiene nada, pero estamos muy atentos”.
Razonablemente, el gobierno intenta no despertar preocupación ni mostrarse despreocupado. Otra vez, el desfiladero entre dos banquinas resbalosas. También desconfía de las posibles operaciones de “servicios o ex servicios de inteligencia” que pudieran buscar desestabilizar.
Por lo pronto, los gendarmes se movieron rápido: en un puñado de días, hace dos semanas, relevaron los puntos débiles de las tres plantas de agua, que pese a haber sido un objetivo militar en la época en que los dictadores Pinochet y Videla coquetearon con una guerra entre Chile y la Argentina, nunca reforzaron sus medidas de seguridad. Según pudo averiguar este diario, ahora las recomendaciones apuntan a reemplazar los cercos perimetrales de los predios cambiando alambrados por paredes, levantar la altura de los portones de ingreso, poner caballetes de metal en los accesos para impedir la entrada de vehículos no identificados a alta velocidad, multiplicar los puestos de vigilancia -y en algunos sitios reemplazar a la agencia privada de seguridad por fuerzas estatales- y también las cámaras y luces con sensores de movimiento.
Por: Claudio Savoia
