La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quedó en el centro de la polémica tras respaldar el desempeño de la Gendarmería durante el operativo en la protesta mapuche en Chubut donde fue visto por última vez Santiago Maldonado. Su decisión estuvo respaldada en una investigación informal que llevó adelante su ministerio, en la que ya fueron interrogados 72 gendarmes.
Los efectivos que participaron del operativo sobre la ruta nacional 40 en Esquel declararon en agosto, según informó La Nación. Dos días después de la desaparición de Maldonado, Bullrich ordenó una investigación interna para determinar si los gendarmes que estuvieron en el desalojo del corte de ruta habían cometido “excesos” durante el procedimiento.
La Procuraduría de Investigaciones Administativas (PIA) informó que un psicólogo social hizo una serie de entrevistas grabadas, en las que les preguntó a los efectivos por Maldonado. El 16 de agosto el director del departamento de Psicología Social, Daniel Barberis, interrogó a un suboficial que estaba el día de la protesta en la casilla de Gendarmería donde habrían estado demoradas dos mujeres. El gendarme -cuyo nombre no trascendió por seguridad- mencionó que ese mismo día supuestos integrantes de una organización de derechos humanos pidieron entrar a la oficina de la fuerza en Esquel mientras reclamaban por un detenido, que habría sido Maldonado.
Barberis le preguntó al gendarme qué le dijeron estas personas, si había hablado con las mujeres detenidas y qué pasó con los manifestantes que cruzaron el río. Ni este ni ninguno de los efectivos entrevistados reconoció haber siquiera escuchado de Maldonado antes de su desaparición.
“Es posible que hayan sido un poco intensos los interrogatorios, pero el caso tiene una gravedad institucional. Nosotros, como autoridad política, necesitamos esclarecer esto porque la sociedad lo reclama. El caso necesita ajustar todos los controles que tiene el Estado para llevar tranquilidad”, sostuvo Gonzalo Cané, secretario de Cooperación del Ministerio de Seguridad.
Sin embargo el informe de la PIA, que responde a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, alertó que “a informalidad de la investigación es tal que aparecen múltiples entrevistas al personal que participó del operativo sin ningún tipo de resguardo legal, llegándose al extremo de producirse diálogos donde el entrevistador le recuerda al entrevistado que debe decirle la verdad, y en algún caso describiéndole incluso una supuesta conducta ilícita en la que el entrevistado habría tomado parte”.
Desde el Ministerio Seguridad remarcaron que se trata de una “investigación informal”, porque al sumario administrativo lo hizo Gendarmería. “Es un trabajo al sólo efecto de determinar si los gendarmes incurrieron en violencia institucional. Para saber si se cometió algún exceso”, aclaró Cané.
La ministra Bullrich mandó el 28 de agosto a la Justicia una carpeta hecha por la Dirección de Seguimiento de Causas de Violencia Institucional. Se trata de 153 fojas y un pen-drive con fotos, audios y videos. Para el Ministerio Público Fiscal, estos documentos son “un manojo de papeles que no se corresponden con una investigación administrativa”.
Santiago Maldonado desapareció hace 40 días y una de las hipótesis que investiga la Justicia involucra a la Gendarmería. Se espera que el juez de la causa, Guido Otranto, cite a declarar esta semana a los agentes que participaron del desalojo del 1° de agosto tal como hizo Seguridad en la investigación paralela que ya forma parte del expediente.
