El Gobierno suspendió a dos oficiales de la Armada argentina mientras se debate puertas adentro hasta cuándo se desarrollará el despliegue que llevan adelante más de nueve países para dar con el ARA San Juan, el submarino que desapareció con sus 44 tripulantes el 15 de noviembre.
Según confirmaron fuentes oficiales, se produjo el relevo del contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y también del capitán de navío Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, “para garantizar la transparencia de la investigación de la desaparición”.
El hecho se conoció mientras el vocero de la fuerza, Enrique Balbi, suspendió dos conferencias de prensa en un mismo día. Según trascendió, en la cúpula se debate cómo continuará la búsqueda del submarino después de 27 días en los que rastrillaron 2 veces todo el radio de posibles paraderos y no se sabe hasta cuándo durará la ayuda internacional de Estados Unidos y Rusia.
Al mismo tiempo, se desarrolla una investigación penal por responsabilidades acerca del estado del ARA San Juan y las órdenes que se le dieron a la tripulación después de haber reportado la falla.
El apartamiento de ambos marinos es de forma preventiva mientras se determinan posibles imputaciones en el juzgado de la localidad de Caleta Olivia, encargado de la causa en la que se trata de determinar si hubo delito en la desaparición y posterior búsqueda del buque.
Sin embargo, de forma paralela, el Gobierno ya decidió hace varias semanas abrir un sumario interno para determinar responsabilidades en la Armada.
Con el sumario se busca saber por qué desde la Armada no se dio la información “en tiempo y forma” al presidente, Mauricio Macri, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, así como al ministro de Defensa, Oscar Aguad, desde el 15 de noviembre, cuando se perdió la comunicación con el submarino.
Además, según consignó EFE, se investiga desde cuándo estaba en conocimiento de la Armada la “notificación o hipótesis de la explosión” registrada en la zona del Atlántico donde fue reportado por última vez el submarino, y que se dio a conocer a los familiares y a la prensa más de una semana después.
Por otro lado, la investigación pretende determinar por qué no se dejó constancia al poder político de la existencia de la falla eléctrica en las baterías del barco de la que había dado cuenta el comandante de la nave el mismo día de su desaparición, así como si fue correcta la decisión de que continuara navegando hacia el que iba a ser su destino, la ciudad bonaerense de Mar del Plata.
