Apenas terminada la feria judicial, un escrito fue presentado ante el juez federal Daniel Rafecas para solicitar que se declare la nulidad de la resolución que ordenó el archivo de la denuncia que hizo el fiscal especial Alberto Nisman.
La presentación la hizo el abogado Ricardo Monner Sans, Presidente de la Asociación Civil Anticorrupción.
Uno de los fundamentos del pedido se basa en que la decisión de Rafecas -según Monner Sans- estuvo viciada por la falta de intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Previamente, el letrado formuló una denuncia penal para que se investigue la actuación de los magistrados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal que hayan intervenido en el trámite de la acción promovida en su momento por Nisman contra Cristina Elisabet Kirchner y contra el ex canciller Héctor Timerman.
Según la denuncia, los imputados habrían incurrido en la posible omisión de dar intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), violando la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal vigente al tiempo del trámite de esas actuaciones.
Monner Sans planteó que se violó la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal al no darse intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
La denuncia resalta que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal -vigente al momento en que presentó la denuncia Nisman- establecía que “cuando en el curso de un proceso judicial en sede penal se efectúe imputación formal de delito contra un agente público por hechos vinculados con el ejercicio de su función, el juez de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”.
Tanto Cristina Elisabet Kirchner como Héctor Timerman -en sus respectivos roles de Presidente de la Nación y Ministro de Relaciones Exteriores- eran agentes integrantes de la administración nacional.
Monner Sans sostiene en la denuncia penal que los jueces de la causa -Daniel Rafecas (de grado), Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah (de cámara)- deberon haber dado intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Por su parte, los fiscales intervinientes Gerardo Pollicita y Javier De Luca tampoco le corrieron vista a la FIA, mientras que Alejandra Gils Carbó -Jefa del Ministerio Público- “también ha consentido con su silencio lo que aparenta un manifiesto incumplimiento de la ley aplicable, conducente al caso”.
Tampoco el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, habría adoptado temperamento alguno en relación con la causa ni habría denunciado la omisión de la comunicación correspondiente.
Por estos motivos expuestos, en la denuncia Monner Sans afirma que no se habría sustanciado conforme con las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público vigente a esa fecha y ninguno de los magistrados señalados formuló observación alguna al respecto.
