“Anoche me puse a ver televisión y me enganché con una serie. Creo que se llama ‘El Marginal’. ¿Esa es la situación de nuestras cárceles?”. Impresionado por la crudeza de la tira de Sebastián Ortega, que cuenta la historia de un policía que se infiltra en un establecimiento penitenciario para encontrar y liberar a una joven que fue secuestrada, el Presidente inquirió a las autoridades del Ministerio de Justicia que habían llegado con carpetas con información y datos para afrontar el “examen” de gestión al que se somete cada ministerio en las reuniones mensuales de seguimiento en Casa Rosada. Como la realidad en los penales es tan amplia, no obtuvo ni un “sí” ni un “no” contundente, sino matices. Por ejemplo, alguien le dijo que no existía tal connivencia entre el director del penal y los detenidos. Nadie se animó a decirle que, en algunas cárceles, la situación de hacinamiento era peor. Con todo, al cabo de esa reunión que se realizó meses atrás, Mauricio Macri encomendó avanzar en un plan de reforma integral del Servicio Penitenciario Federal que tiene como eje central la renovación de las unidades y la construcción de nuevos módulos: la intención es que para 2020 se haya duplicado la capacidad para alojar detenidos.
El plan de construcción de penales, que elaboró el equipo del ministro de Justicia Germán Garavano y ya fue aprobado por el jefe de Gabinete Marcos Peña, responde a uno de los 100 objetivos de gestión que trazó Presidencia de la Nación para modernizar el servicio penitenciario y mejorar la situación de los reclusos. Y contempla que a fines de 2019 haya más de 20 mil lugares de detención, con una meta aún más ambiciosa, como política a largo plazo: en 2023, siempre que se cumpla con el proyecto, la capacidad será de 24.328 plazas. Para los próximos años, la inversión prevista supera los $7.500 millones.
En el Gobierno admiten que, a partir de las reformas que se impulsan en materia penal en el Congreso, la población carcelaria crecerá en los próximos años. Y quieren evitar que jueces garantistas liberen delincuentes peligrosos en virtud de las malas condiciones de detención que ofrece el sistema. “No queremos quedar en la encerrona de ‘cárcel para todos’ ó ‘todos libres’ al que nos quieren empujar desde distintos sectores. Y tenemos que garantizar que las cárceles sirvan para reinsertar a las personas que delinquen”, explican.
En la actualidad, según cifras oficiales del Ministerio de Justicia, la capacidad de alojamiento es de 11.124 detenidos. Las cárceles federales no tienen la magnitud de problemas de hacinamiento que se registra en los penales provinciales, pero están al límite. Y a eso se suma que varios establecimientos deberán ser desafectados en los próximos años, por cuestiones socioambientales, especialmente los que se encuentran en los centros urbanos. El caso emblemático es el de la cárcel de Villa Devoto, cuyo cierre es un reclamo histórico de los vecinos y fue pedido expresamente por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta a la Nación.
El Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene capacidad para 1.714 internos, en principio -tal como se había anunciado durante el gobierno de Cristina Kirchner, iba a ser reemplazado por el Complejo Agote, una nueva cárcel en Mercedes, pero la obra se demoró y ahora el Ministerio de Justicia negocia junto a la Ciudad de Buenos Aires la construcción de un nuevo penal en Marcos Paz. La intención es que para 2019 esté construida y que, una vez trasladado el último preso, la cárcel pase a manos de Ciudad para su demolición.
A Marcos Paz se le sumará otro penal grande en Ezeiza: se construirá un nuevo gran módulo dentro del Complejo Penitenciario Federal I, que podrá alojar unos 3600 detenidos y está previsto que se inaugure, al menos en forma parcial, a mediados de 2019. Y otro similar se levantará en Junín, en un terreno que cederá el Ejército. Ambos serían costeados a través de programas de participación público-privada. En los próximos meses estarían listas las licitaciones.
El plan alcanza unas 20 obras, con nuevos establecimientos en cada región, para cumplir con los reclamos de las organizaciones de derechos humanos que consideran que los reclusos deben estar detenidos . En el Centro, se construirán dos cárceles federales, en La Pampa (Santa Rosa) y en Córdoba -sería en Oliva, a unos 100 kilómetros de la capital-; en el NOA habrá en Salta y Jujuy; en el NEA la idea es abrir unidades en Corrientes y Chaco (evalúan Resistencia pero buscan alternativa por si el intendente Jorge Capitanich pone trabas); en el Litoral, habrá en Santa Fe y en Coronda; y en Cuyo ya se gestiona con el gobierno de Mendoza una nueva cárcel en Cacheuta.
La provincia de Buenos Aires es un caso aparte. Hoy en Provincia hay unos 35 mil reos y en muchas unidades se registran graves casos de hacinamiento, ya que la capacidad es de apenas 27 mil plazas, situación que motivó a la María Eugenia Vidal a implementar un plan global de reforma penitenciaria que prevé un desembolso para la construcción de cárceles de $10 mil millones para los próximos diez años. En el Gobierno admiten que la población carcelaria bonaerense está integrada por una porción de presos “federales”, situación que derivó en negociaciones con el ministro de Justicia Gustavo Ferrari: Nación evalúa asistir con un crédito de unos 750 millones de pesos a la provincia sólo destinados a infraestructura penitenciaria.
Por: Ignacio Ortelli
