La justicia federal encontró otros 80.000 dólares de José López en una caja de seguridad en una sucursal porteña del Banco Patagonia, congeló todas sus cuentas e inhibió todos los bienes del ex secretario de Obras Públicas -detenido en un convento anteayer con casi nueve millones de dólares- y de su familia. También allanó ocho propiedades a su nombre en busca de más dinero, pero no encontró nada de valor, excepto documentación.
Mientras todos estos procedimientos se sucedían, la fiscal de Luján Alejandra Rodríguez intentó tomarle declaración a López, pero el ex funcionario se negó a declarar. Asesorado por su abogada, Fernanda Herrera, una exuberante penalista cantante de cumbia, alegó tener problemas psiquiátricos. Herrera ya intentó antes esta estrategia para liberar a sus defendidos y le salió mal. Ayer no fue la excepción, pues llevaron a López en ambulancia a un hospital de General Rodríguez para constatar su estado de salud mental y los médicos concluyeron que estaba en condiciones de declarar.
De hecho, hoy a primera hora López estará en los calabozos de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py 2002, donde a media mañana será llevado hasta el tercer piso del edificio e indagado por enriquecimiento ilícito por el juez federal Daniel Rafecas.
Rafecas allanó ayer la casa de López en Dique Luján, en Tigre, de donde salió el lunes, a las 17, con su automóvil Chevrolet Meriva, según captaron las cámaras de seguridad del municipio de Tigre.
En Santa Cruz fueron allanadas cinco propiedades, incluidas una casa en Río Gallegos, en 9 de Julio al 400, y otra en el Barrio Náutico, además de otros tres terrenos en El Calafate. Se encontró mucha documentación en estas propiedades, pero nada de valor monetario.
En Tucumán, la Policía Federal allanó tres propiedades de López en el sur de la provincia, de donde es oriundo. Pero no encontró ningún objeto de valor ni dinero.
Uno de los operativos se realizó en la estancia La Araceliti, la casa paterna de López, reconvertida en empresa dedicada a la explotación de caña de azúcar y tabaco. Está habilitada para realizar construcciones viales y servicios de inspección, auditoría y supervisión de obras públicas. La finca donde López se crió tiene 40 hectáreas y está ubicada en Los Gucheas, 85 kilómetros al sur de la capital provincial.
López posee el 50 por ciento de las acciones de la empresa, mientras que la otra mitad está a nombre de su esposa, María Amalia Díaz, quien es jubilada del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, donde el ex responsable de la obra pública durante el kirchnerismo hizo gran parte de su carrera política.
La Policía Federal también allanó otros dos terrenos ubicados cerca de la estancia de López, de 10.000 metros cuadrados cada uno. El fiscal Federico Delgado, que había solicitado los allanamientos, le pidió ayer a Rafecas que inhibiera los bienes de López; de su mujer, María Amalia Díaz, y de su suegra, Lucila Corvalán de Díaz. Busca no sólo castigar la corrupción, sino también recuperar los activos productos de esos delitos. El juez hizo lugar a su pedido.
También a solicitud del fiscal Delgado el juez Rafecas amplió el período por el cual investiga a López por sus bienes. Hasta ahora se indagaba sobre su crecimiento patrimonial entre 2003 y 2008 porque ésa era la denuncia original, pero ayer se sumó una nueva denuncia que permitió realizar la investigación desde que asumió como funcionario, en 2003, hasta que dejó su cargo, en 2015, y los dos años posteriores. Por eso el juez pidió a la Oficina Anticorrupción sus declaraciones de bienes de 2009 a la actualidad. Mucho no deberá indagar Rafecas, dado que en sus últimas declaraciones López dijo no tener un dólar y cuando lo detuvieron tenía en sus manos casi nueve millones.
Por: Hernán Cappiello
