Las malas noticias para Cristóbal López siguen llegando desde la Justicia luego de que un juez porteño decidiera inhibirle los bienes del Casino del Hipódromo de Palermo por una millonaria deuda que tiene con la Ciudad desde 2003.
Según publica el diario Clarín, Martín Converset , juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, decretó ayer la inhibición general de bienes de las empresas que explotan las máquinas tragamonedas de Palermo y de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada a tal efecto desde la llegada del Kirchnerismo a la administración nacional en el 2013. Las empresas en cuestión son: el Hipódromo Argentino de Palermo S.A. (HAPSA) y Casino Club S.A., que pertenece a Cristóbal López, quien dijo que se retiraría del negocio del juego.
La medida fue pedida por el Gobierno porteño, a través de la Procuración General de la Ciudad, y busca garantizar el cobro de casi dos millones de pesos reclamados por el impuesto sobre los ingresos brutos de los últimos cinco años que HAPSA logró evitar pagar a través de una vieja medida cautelar de la Justicia federal. Converset citó jurisprudencia del Tribunal Superior de la Ciudad y de la Corte Suprema nacional para reivindicar la facultad de la Ciudad para cobrar estos impuestos, además de la Constitución Nacional y la de la Ciudad.
“Las cuestiones atinentes a los juegos de azar resultan ser materia propia y exclusiva de las jurisdicciones locales y, en el caso de examen, de la ciudad de Buenos Aires, quien cuenta con el poder de imposición tributaria sobre dicha actividad”, sostuvo Converset.
En marzo, la administración de Mauricio Macri ya le había informado a López y su socio en el juego, Federico de Achaval que tenía 30 días para saldar parte de la deuda con la Ciudad.
El emisario fue Fabián Rodríguez Simón que se encontró en el Palacio Duhau con los empresarios y les comunicó a los empresarios que tienen que ponerse al día en el corto plazo.
LA SEMANA PASADA FUE ALLANADO POR OTRAS CAUSAS
El jueves, el juez federal Claudio Bonadio encabezó un allanamiento judicial a las oficinas centrales del Grupo Indalo, de López, por la causa en que se investiga a la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, “Los Sauces SA”.
Al retirarse antes de las 13 el edificio, ubicado en el número 657 de la avenida porteña Córdoba, entre las calles Maipú y Esmeralda, el magistrado confirmó a los periodistas que “el objetivo” de su presencia en el lugar fue “el allanamiento”.
Si bien las fuentes judiciales habían asegurado en principio que el fiscal federal Carlos Rívolo también tomó parte del allanamiento, luego esa información no pudo ser confirmada.
En el operativo, que se realizó en las plantas séptima y diez, participaron efectivos de la Policía Federal y de la Policía Metropolitana. Semanas atrás Bonadio había ordenado allanamientos a los consorcios que administraban propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner, entre ellos un departamento en el emblemático edificio Madero Center, en Puerto Madero.
El Grupo Indalo concentra empresas de los rubros petrolero, periodístico, construcción y agropecuario, entre otros. Este expediente tiene en la mira los negocios inmobiliarios de la familia Kirchner a través de la firma “Los Sauces SA”, donde los principales inquilinos fueron Lázaro Báez (hoy detenido por la causa por lavado o “ruta de dinero K”) y López (imputado por maniobras con el impuesto a los combustibles).
El juez pidió días atrás a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que le entregue la información fiscal que posee de “Los Sauces SA” así como de otras siete compañías atribuidas a Báez, López y Osvaldo Sanfelice.
