El ministro de Justicia, Germán Garavano, no está dispuesto a que se apaguen los ecos de la polémica que generó al lanzar al ruedo a principios de año la idea de bajar la edad de imputabilidad de 16 a14 años. Por eso, en pleno verano, se apuró en convocar al primer tándem de especialistas para debatir el tema: la cita será esta tarde en la sede de su cartera, con posterior conferencia de prensa, para poder amplificarlo.
Unos cuarenta expertos, entre jueces, funcionarios nacionales y locales, además de legisladores de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Familia, recibieron la invitación. Algunos se mostraron dispuestos, incluso, a suspender sus vacaciones para dar el presente. Otro avisaron que no llegarán a tiempo. Tendrán que esperar a otra ronda de consultas.
Tal como anticipó Clarín, el Gobierno decidió avanzar en la elaboración de un nuevo régimen penal juvenil que reemplace al vigente desde 1980, impuesto por dictadura militar. En realidad, se trata de la reinstalación de un debate que ya tuvo idas y vueltas en el Congreso al calor de hechos delicitivos violentos protagonizados por menores. Esta vez no fue la excepción: se reflotó tras el asesinato de Brian, un chico de 14, a manos de otro de 15, en el barrio porteño de Flores, en vísperas de la Nochebuena.
Garavano hizo una previa el martes con el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto. Durante un frugal almuerzo, acordaron avanzar en la búsqueda de acuerdos utilizando como base el proyecto que tuvo media sanción en la Cámara alta a fines de 2009 y en Diputados lo durmieron hasta que perdió estado parlamentario.
Aquella votación en el Senado serviría para lubricar el nuevo trámite desde dos perspectivas. Por un lado, fue el resultado de la amalgama de iniciativas presentadas por un radical, Gerardo Morales; una kirchnerista, Liliana Fellner; una peronista disidente, Marita Perceval, y un socialista, Rubén Giustiniani. Todo un mosaico político. Por otro lado, apuntó a morigerar puntos filosos del encierro de menores punibles (considerando en este caso a quienes van de 14 a 18 años), al condicionarlo a que se haga en institutos especiales (sin mezclarlos con el resto de la población carcelaria) y para delitos violentos. Para los de 14 y 15 años, se consideraban penalmente responsables a quienes hubieran cometido delitos dolosos con resultado de muerte o por delitos contra la integridad sexual reprimidos con pena mínima superior a los 5 años de reclusión.
La estrategia macrista consiste en mantener en pie las consultas a lo largo del año, con indudable impacto en la campaña electoral, para enviar un texto consensuado al Parlamento pasados los comicios, tal vez recién en 2018. Un temprano efecto fue la división que provocó en las filas opositoras. Margarita Stolbizer rechazó la baja de la edad de imputabilidad, pese a que su flamante aliado, Sergio Massa, la había fogoneado en su campaña a presidente, en 2015. Lo mismo sucedió entre Daniel Scioli, que apoyó la idea macrista de reflotar el tema, y la fuerte condena expresada por el bloque del FpV en Diputados, que había respaldado la candidatura presidencial del ex gobernador K.
Para la primera ronda de consultas confirmaron su presencia, entre otros, los ministros de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari , y Río Negro, Gastón Esteban; además del procurador salteño, Pablo López Viñales y la secretaria de la Defensoría del Pueblo porteña, Silivina Pennella. En tanto que el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, dará un informe comparativo de las políticas de menores en cada distrito.
