Este lunes ingresará a la Comisión de Poderes de la Legislatura la impugnación a los pliegos de la candidata a jueza de Familia de Puerto Iguazú, María José Ramírez.
Su postulación fue formalmente cuestionada porque “se la sospecha de haber sido partícipe y/o encubridora de la presunta comisión del delito de supresión o suposición de estado civil e identidad de un menor”, o en palabras comunes, de “tráfico de bebés”, y coincidieron en asegurar los autores de la impugnación.
Los abogados Ernesto Báez, Martín Ayala, Andrea Wasilczyc y Juan Manuel Fouce, quienes impulsaron los dos pedidos de jury para los jueces Éctor Acosta y Ricardo Gerometta, también avanzaron sobre el cuestionamiento a la profesional de la ciudad de las Cataratas que tras el concurso en el Consejo de la Magistratura había sido seleccionada por el exgobernador Maurice Closs, apenas horas antes de dejar su mandato, al punto que los pliegos ingresaron a la Comisión de Poderes de la Cámara el 9 de diciembre del año pasado, el mismo día de la finalización del mandato.
Los letrados solicitaron a los miembros de la comisión “la admisión de la impugnación formulada” y que eventualmente los diputados “no presten acuerdo legislativo para el nombramiento de la impugnada”.
En base a la información del expediente penal 890/2016, dan cuenta de la maniobra que protagonizó la pareja de la abogada al anotar al bebé de una menor (empleada doméstica de condición humilde) con su apellido, supuestamente a cambio de dinero dado a una “intermediaria” que alojó a la madre-niña hasta el momento del parto. El nacimiento se produjo el 17 de noviembre de 2015 en el Hospital Materno-Infantil de Posadas.
Según la denuncia, la pareja se llevó al bebé a Iguazú pocos días después, pero la madre-niña le contó a una tía la maniobra de la que fue víctima y se inició la causa penal en Itá Ibaté, donde vive esta última. La madre de la víctima, de nacionalidad paraguaya, impulsó fuertemente el accionar de la Justicia, que obligó a la pareja a “devolver” al recién nacido.
En un acta notarial que se realizó en una escribanía de Itá Ibaté el 30 de noviembre, el esposo de la letrada, acompañado por ella misma, dejaron constancia de la “devolución”. En esa acta, la futura jueza admitió que había iniciado los trámites de “adopción por integración”.
