Cuando se descubre una molécula que puede favorecer el control de alguna enfermedad de los seres humanos o de los animales, el científico, el instituto público o la empresa puede pedir una patente de protección intelectual. Ahora, una resolución reciente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), que depende del Ministerio de Producción, generó una polémica entre los laboratorios farmacéuticos nacionales y los extranjeros. El sector de los nacionales denunció que la resolución oficial permitirá “importar” patentes y subordinará la soberanía sanitaria y científica nacional. En cambio, el que agrupa a los extranjeros argumenta que la resolución no cambiará los “estándares restrictivos” que rigen la concesión de patentes sobre los medicamentos en el país.
Desde los laboratorios nacionales, agrupados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), se sostiene que la resolución del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del 16 de setiembre pasado los afectará negativamente. Consideran que eliminará “los exámenes de patentes argentinos” que se hacen antes de concederlas, y que eso repercutirá en el aumento de los precios de los medicamentos, e impactará en los “presupuestos familiares y de los sistemas de salud públicos y privados”.
En ese sentido, Mariano Genovesi, gerente de Asuntos Legales de Cilfa, dijo a Clarín que “la resolución permitirá que se abra la puerta a considerar las patentes que ya están dadas en otros países, sin que se realicen estudios de fondo aquí”.
Por su parte, desde la cámara que agrupa a los laboratorios extranjeros (conocida por sus siglas CAEMe), se emitió un comunicado en el que se desmiente la versión de los laboratorios nacionales. Aclara que CAEMe “es total y absolutamente respetuosa de las decisiones administrativas tomadas por las autoridades regulatorias del país”. Y sostiene que la resolución del INPI “es de índole general y no se aplica exclusivamente para la industria farmacéutica. La decisión final de otorgar o no una patente se conserva con plenitud bajo la órbita del INPI, con todos los criterios técnicos y metodológicos contemplados en la legislación argentina”.
Además, el comunicado agregó que en el caso de las patentes farmacéuticas, “la Argentina tiene los estándares más restrictivos de la región, y de muchos países del mundo. Las decisiones de otras oficinas de patentes deberían, por ende, ajustarse a dichas normativas, para que una patente sea concedida”.
Desde el sector público, fuentes del INPI salieron a decir que “las pautas de examinación de la Argentina continúan sin modificaciones. En algunos rubros nuestras pautas están entre las más estrictas del mundo. La resolución 56/2016 del INPI permite que a partir de ahora al analizar una solicitud de patente se puedan tener en cuenta estudios previos de otras oficinas de patentes del mundo. Así, se aprovecha conocimiento y se evita redoblar esfuerzos. El examinador del INPI puede utilizarlos o no, y de manera no vinculante. No se afecta en absoluto la calidad del examen de las patentes. La prioridad del Gobierno, a través del Plan Productivo Nacional, es cuidar la industria argentina y generar mejores condiciones de empleo para cada uno de los argentinos”.
Por: Valeria Román
