El proyecto de reforma laboral había quedado empantanado en diciembre del año pasado en el Senado por la falta de un acuerdo con el PJ y con el sector de la CGT que comulga con Hugo Moyano. El Gobierno tiene como plan aprobar antes del primer semestre aquellos puntos en los que hay un consenso existente con los bloques legislativos y con los gremios aliados.
El primer paso es el blanqueo de trabajadores informales, las pasantías como capacitación laboral y la creación de una agencia de evaluación de tecnología médica. La iniciativa contempla una amnistía para el empleador en los impuestos previsionales impagos, con la condición de que declare el vínculo laboral. También se les reconocerán el escalafón y la antigüedad. En el país hay actualmente 4,5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no cuentan con obra social no derechos laborales.
El plan de blanqueo laboral prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus trabajadores y en el que el Estado reconocerá a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad. Respecto a esto, el proyecto propondrá que el Estado le reconozca al trabajador cinco años de aportes hacia atrás, a los efectos jubilatorios. Como base tomará el salario vital y móvil. Pero los años no declarados, no computarán para la indemnización en caso de despido.
La segunda iniciativa de esta primera etapa será la denominada capacitación laboral continua, que no únicamente abriría paso a las pasantías como modalidad de capacitación y como vínculo laboral, sino que apuntaría a reconvertir oficios que están desapareciendo. Esta iniciativa tiene 56 artículos y tendría el aval de un sector de la CGT, pero no es unánime como lo es el blanqueo.
El tercer proyecto es el de la agencia de tecnología médica, cuya finalidad será la de reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en contra de las obras sociales sindicales. Es una propuesta elaborada codo a codo con los equipos médicos de los gremios y que Macri se las prometió a los dirigentes sindicales durante su primer año de gestión, cuando acordaron el plan de Cobertura Universal de Salud, cuyo financiamiento proviene de la caja de prestadores sindicales.
