El 31 de agosto la Procuradora General de la Nación y jefa de todos los fiscales nacionales tendrá que ir hasta el edificio de Comodoro Py 2002 para declarar en indagatoria debido a la sospechosa compra del edificio de la calle Perón 667 donde están las principales oficinas del Ministerio Público Fiscal.
Así lo decidió el juez Julián Ercolini, que aceptó el pedido que había hecho el martes pasado el fiscal Eduardo Taiano, quien investiga el caso de pagos de comisiones millonarias en la adquisición por $43.850.000 del edificio donde está el despacho de Gils Carbó.
El fiscal también determinó que la licitación fue direccionada desde dentro de la Procuración para favorecer a quienes terminaron vendiendo el edificio.
El caso
La Procuración General de la Nación compró en julio de 2013 el edificio de la calle Perón al 600. La gestión de Gils Carbó, que había comenzado en agosto de 2012, decidió mudar las principales dependencias del organismo del viejo y señorial edificio de la calle Guido en la Recoleta.
Gils Carbó puso a cargo de la licitación para la compra del edificio al licenciado en Economía y autotitulado experto en transparencia Guillermo Bellingi. La procuradora determinó que Bellingi dependiera de ella de manera “directa”.
En uso de sus funciones como subdirector general de la Procuración y designado como coordinador del área de Administración, Bellingi intervino en la licitación y flexibilizó una condición –al inicio del proceso– que permitió que la firma que finalmente resultó adjudicataria pudiera presentarse al concurso de precios.
La firma Arfinsa –del Grupo Bemberg– vendió el edificio. Y le pagó una comisión de $7.700.000 a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por asesoramiento. Bárbara Jaureguiberry, dueña de la inmobiliaria que lleva su apellido, a su vez le abonó por asesoramiento para la licitación la suma de $3.000.000 a Juan Carlos Thill, un productor de seguros de La Plata sin relación alguna con el negocio inmobiliario.
Thill resultó ser medio hermano de Bellingi. Buena parte del asesoramiento brindado por Thill a Arfinsa/Jaureguiberry quedó registrado en mails. En uno de ellos, Thill –definido por Bárbara Jaureguiberry como experto en licitaciones– le envió a la inmobiliaria una copia del pliego de licitación antes de que se hiciera público.
En ese mismo correo le dio precisiones sobre las fechas del proceso licitatorio que sólo podía conocer por tener información calificada que le brindaba su medio hermano.
Ercolini citó a Bellingi para el día 28 de agosto, a Thill para el 24 y a Jaureguiberry para el 14.
El llamado a licitación se hizo público el 6 de marzo de 2013, el 20 de mayo se le adjudicó a Arfinsa/Jaureguiberry y en julio se hizo el pago. Y también los pagos de las comisiones.
Para el fiscal Taiano, a quien Ercolini delegó la investigación, se cometieronlos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Taiano consideró que se armó la licitación para que Arfinsa fuera el ganador y por eso se recibieron coimas.
Tras el pedido de Taiano, Ercolini también citó a indagatoria a los funcionarios de la Procuración Héctor Zurita, Jorge Domanico y Osvaldo Leguizamón. Declararán el 9, 7 y 3 de agosto.
Fue citado además Ignacio Costa Urquiza, asociado a Jaureguiberry en la inmobiliaria, que deberá presentarse el 11 de agosto.
La lista de indagados incluye a los ejecutivos de Arfinsa Adrián González Fischer, Pedro Viceconte y Roberto Martino, que tienen que declarar el 22, 17 y 18 de agosto.
Uno de los argumentos por los que Taiano pidió las indagatorias es que “en la tramitación se aparentó un escenario normal, como si el proceso de selección de oferentes no hubiese estado condicionado desde un primer momento. Sin embargo esta simulación ha quedado al descubierto, puesto que los funcionarios públicos involucrados han participado en la comisión de hechos delictivos despreciando el buen apego que debieron tener como representantes de una institución como el Ministerio Público Fiscal. Su accionar deja huellas en el presente y tacha de corruptos a los funcionarios que con el dinero del Estado obtuvieron un provecho personal de una operación pública”.
Será la primera vez que quien está a cargo de la Procuración General de la Nación declare en indagatoria.
El fiscal analizó la participación de cada uno de los imputados en la maniobra. Sobre Gils Carbó, su jefa, dijo: “Ahora bien, ¿pudo la adquisición millonaria del inmueble que oficiaría de sede del Ministerio Público Fiscal importar un acto capaz de escapar a la debida supervisión de la Procuradora General?, ¿pudo el desarrollo de esa operación haber sido legítimamente confiado a terceros, eximiendo a la titular de la Procuración General de la Nación de todo tipo de responsabilidad? La respuesta no puede ser otra que negativa”.
Y agregó: “Consideradas aisladamente, las decisiones administrativas y gestiones en general de la procuradora general podrían pasar inadvertidas, pero apenas se entrelazan cronológicamente sus intervenciones con la participación de los otros imputados, se puede afirmar que no solo conoció el entretelón de la ilícita intención con la adjudicación a la empresa Arfinsa, sino que a su vez participó activamente en su desarrollo al aprobar cada uno de los actos que implicaron determinaciones de fondo para su materialización”.
