La acusación fue presentada esta tarde en el Foro Criminal de Barra Funda, San Pablo, por los fiscales Cássio Conserino y José Carlos Blat, quienes afirman que Lula intentó ocultar la propiedad del inmuebe, que oficialmente está registrado a nombre de la empresa contratista OAS, informó el portal del diario O Globo.
Previo a esta presentación, el ex presidente se reunió con la mandataria Dilma Rousseff y con ministros y legisladores de la coalición gobernante, con la firme intención de unir las bases ante la crisis política que se agravó días atrás, cuando fue forzado a declarar por el caso Petrobras, y en momentos en que la oposición prometió retomar el juicio político contra la Jefa del Estado.
En esta jornada la que la prensa dio relevancia a una iniciativa, aparentemente frustrada, para que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) sea ministro en el gabinete de Rousseff, Lula explicó su situación judicial a ministros y legisladores, y pidió a su espacio y al aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) unidad frente a la crisis política.
El ex presidente se encontraba en Brasilia desde ayer y allí se reunió anoche con la presidenta y hoy con el presidente del Senado, Renan Calheiros, quien pertenece al PMDB, el mayor socio del gobierno.
Fue el propio Caleiro quien se encargó esta tarde de pone en dudas que el ex mandatario piense integrarse al gabinete, como impulsaban sectores del PT para forzar que las casusas en su contra dejen de estar en manos del juez federal de Curitiba, Sergio Moro.
“No tenemos informaciones sobre esa hipótesis. En la conversación, él dijo que quiere ayudar a Brasil y al gobierno y, para hacer eso, no necesita ser nombrado ministro. Él lo puede hacer de cualquier manera”, dijo Calheiros.
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) Marco Aurelio Mello dijo que si el ex presidente analizaba ser ministro para tener un fuero se podría entender como una “huida” del juez de primera instancia, que lleva adelante la causa Petrobras.
Lula comentó durante el encuentro en Brasilia que se considera “perseguido” por el juez, mientras dirigentes del PT declararon que ese magistrado responde a los intereses de la oposición.
Otras fuentes del PT citadas por la agencia EFE confirmaron que Lula también instó a los partidos a “mantener la unidad”, frente al inminente reinicio de proceso para un juicio político contra Rousseff.
El trámite que comenzó en diciembre pasado y fue suspendido por una decisión de la Corte por “errores de procedimiento” en el proceso, podría ser reanudado este mes.
A ese propósito pueden contribuir las manifestaciones del domingo próximo, convocadas por la oposición y organizaciones civiles, consideró el presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, el mayor opositor), Aécio Neves.
“Las protestas pueden ser un inductor muy importante para buscar una salida al ‘impasse’ en que este Gobierno mantiene al país”, dijo Neves.
A las preocupaciones del gobierno, también se suma una convención nacional del PMDB que se realizará este sábado, en el que las alas disidentes del partido analizará la coyuntura política.
Pese al clima de crisis, el diario O Estado de Sao Paulo insistió en que Lula confió a cercanos su intención de volver a presentarse para las elecciones de 2018, y consideró positivo haber sido interrogado por el escándalo de Petrobras.
“A partir de ahora, si me encarcelan me convierto en héroe, si me matan me transformo en mártir y si me dejan suelto, vuelvo a ser presidente”, dijo el ex mandatario a más de un interlocutor, según afirma el diario.
No obstante, cerca del partido de gobierno y aliados existe el temor de que en los próximos días empresarios presos por sus nexos con el escándalo firmen acuerdos de colaboración con los investigadores.
En este sentido, fuentes próximas al empresario Marcelo Odebrecht reconocieron que puede aceptar la delación premiada (dar datos a la justicia cambio de una reducción de la pena) y aportar datos sobre financiamiento ilegal de las campañas electorales del PT y del PMDB, reportó la agencia ANSA.
El juez Moro, a cargo de la causa conocida como Lava Jato (Lavado Rápido), condenó ayer a Odebrecht a 19 años y cuatro meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita en perjuicio de la petrolera estatal.
Pese a estar detenido desde julio de 2015, el empresario nunca adhirió al recurso de la delación premiada como otros detenidos por el caso Petrobras. Al parecer la situación que habría hecho revisar su posición fue la condena proferida este martes por Moro, no lo severa y porque el holding Odebrecht comenzó a registrar serias pérdidas en sus actividades en Brasil donde ya fue cancelado su contrato en el estadio Maracaná y suspendidos emprendimientos con Petrobras.
