Evo Morales se someterá a la prueba de paternidad

El Presidente de Bolivia se someterá a una prueba de ADN para establecer si es el padre del hijo de la empresaria Gabriela Zapata, actualmente encarcelada por delitos de corrupción, reveló su abogado, Gastón Velásquez.

El letrado informó que el mandatario acudirá en las próximas horas al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), una entidad especializada vinculada con el Ministerio Público, para someterse a la prueba científica.

El jurista explicó que “el presidente acatará las disposiciones legales que sean dictaminadas por la justicia”, con referencia a la orden de la jueza Jacqueline Rada, quien también pidió a Zapata que presente al supuesto hijo que tuvo con Morales para el respectivo examen.

En un primer momento, el jefe del Estado pidió la custodia del niño a través de un proceso legal planteado ante un juzgado de familia de La Paz, luego que Zapata fuera acusada de delitos de tráfico de influencias. Sin embargo, en medio del litigio, el gobernante
planteó sus dudas sobre la existencia del menor.

Zapata confirmó el 14 de abril, ante un juzgado de familia, la existencia del niño y su abogado, Eduardo León, afirmó que para este examen pedirán la participación “de peritos independientes” porque, según dijo, “no existe confianza plena en los estudios del IDIF”.

La existencia del supuesto tercer hijo de Evo Morales fue denunciada el 3 de febrero por el periodista Carlos Valverde en un programa de televisión de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, recordó Dpa.

Morales admitió en público el 5 de febrero que Zapata fue su pareja entre 2005 y 2007, año en el que habría nacido su tercer hijo.
Existe una constancia jurídica, el certificado de nacimiento, pero Morales dijo que nunca vio al bebé. “Murió a poco de nacer”, sostuvo.

Su ex pareja fue aprehendida el 26 de febrero por orden del ministro de Gobierno, Carlos Romero, a pedido de su par de Transparencia, Lenny Valdivia, ante el riesgo de fuga.

Zapata es investigada por presunta legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con perjucio al Estado, ambos delitos tipificados en el Código Penal y la Ley Anticorrupción.