La Corte Suprema resolverá mañana por la mañana la suerte del tarifazo del gas. Los cuatro jueces del máximo tribunal tienen distintos puntos de vista sobre la forma en la que el Gobierno implementó la suba de las tarifas, pero buscaban llegar a un acuerdo.
La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, emitió esta mañana un dictamen en el que recomienda al tribunal avalar la decisión de la Cámara Federal de La Plata que declaró nulas las resoluciones del Ministerio de Energía que signaron el tarifazo.
La fiscal entendió que el Gobierno debió haber llamado a audiencias públicas previas al aumento de tarifas. Y sostuvo que ese requisito también debió cumplirse para fijar el precio del gas en boca de pozo, que representa el 70 por ciento de la la tarifa. Si bien el requisito de audiencia previa vala para el transporte y la distribución de la energía y no para la generación, Gils Carbó entendió que excluirlo de la discusión significaría “restringir sustancialmente la eficacioa de la audiencia pública para garantizar los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios pues, de ese modo, se recorta el debate sobre la accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad sobre el componente más determinante de la tarifa final en el marco de un aumento extraordinario”.
Pero su dictamen no es vinculante y la Corte no seguiría ese criterio. Existe entre los jueces un consenso sobre la potestad del Poder Ejecutivo para fijar el precio del gas en boca de pozo, o en el Punto de Ingreso al Sistema de Transoporte (PIST). La disparidad de opiniones tiene que ver con la forma en la que se implementó el tarifazo.
El Gobierno argumentó que las tarifas de transporte y distribución se actualizaron siguiendo recomendaciones de audiencias públicas de hace diez años que nunca se implementaron. Es el argumento más controvertido. Pero se restringe al 30 por ciento de la tarifa de gas. De seguir este razonamiento, la Corte podría convalidar la facultad del Gobierno para definir el precio del gas generado o importado pero exigirle audiencias públicas para aumentar el transporte y la distribución hacia adelante. Sería una solución intermedia: perjudicaría los ingresos de las transportistas (TGN y TGS) y distribuidoras (Metrogas, Fenosa, Camuzzi y otras), pero aliviaría la carga de subsidios que pesa sobre el Estado. Y los usuarios sentirían la mayor parte del tarifazo de hasta 400 por ciento que dispuso la administración de Mauricio Macri.
Más allá de estas especulaciones, los cuatro jueces de la Corte (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti) están decididos a fallar mañana. Esperar la asunción de Carlos Rosenkrantz, prevista para el próximo lunes, para un eventual desempate, sería un papelón.
Más allá de las urgencias políticas del Gobierno, el caso le servirá a la Corte para sentar jurisprudencia en un tema que interesa por demás al tribunal: los derechos de usuarios y consumidores. Maqueda y Rosatti fueron convencionales constituyentes en 1994, cuando se incorporó a la Constitución Nacional este tipo de derechos, en el artículo 42.
