La iniciativa será puesta a consideración de los legisladores el miércoles 29 de junio, luego de que fue aprobada por amplio margen en la Cámara de Diputados, dos semanas atrás.
El proyecto cuenta con un gran respaldo, tanto del oficialismo como de la oposición, por lo que se descuenta que será convertido en ley.
El dictamen del miércoles obtuvo el apoyo de la mayoría de los legisladores que integran las cuatro comisiones a las que fue girada la medida.
Entre otros, firmaron el expediente no sólo legisladores de PRO y del radicalismo, sino del peronismo disidente, del massismo y la gran mayoría de los integrantes del Frente para la Victoria.
El proyecto contempla el pago de las deudas por haberes mal liquidados a jubilados y pensionados, que se financiará en parte gracias a reformas al Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) del Anses y en parte a la apertura de un blanqueo de capitales.
La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y de Blanqueo de Capitales recibió varios cambios en la Cámara de Diputados con respecto al expediente que envió el Poder Ejecutivo.
La propuesta promueve la declaración de la emergencia en los casos de litigiosidad previsional que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron por la mala liquidación de sus haberes, que serán financiados con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales.
Uno de los cambios fundamentales se produjo luego de la detención del ex secretario de Obras Públicas de los gobiernos kirchneristas, José López, para excluir del blanqueo de capitales a los familiares directos de los funcionarios públicos y a los integrantes del Parlasur.
Se suman, así, a los ya excluidos jefe y vicejefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernadores, intendentes y funcionarios nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes del Estado.
No tributarán nada quienes blanqueen hasta los 305.000 pesos. Pagarán un arancel del 5% quienes blanqueen la compra de inmuebles y capitales por hasta 800.000 pesos y del 10% para los montos mayores. Suma que sube al 15% desde el próximo año.
Además se prevé la actualización de los haberes y se impulsa la creación de la pensión a la vejez para mayores de 65 años, que se pagarán con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Entre otros puntos, el proyecto establece que el programa de reparación para jubilados y pensionados sea optativo, apuntando a un tercio de los jubilados (casi dos millones y medio).
Podrán participar aquellos que tienen una sentencia firme favorable en juicios contra el Estado por haberes mal calculados, quienes iniciaron juicios pero aún no obtuvieron fallo y quienes no hicieron juicio, pero se les reconocen haberes mal calculados.
Aquellos con sentencia firme que opten por este programa cobrarán el 50% de la deuda en el primer mes y el resto en doce cuotas trimestrales.
El financiamiento del programa se hará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se habilita al Estado a vender las acciones de Anses en empresas privadas hasta un siete por ciento de la cartera que debe permanecer en manos del Estado.
La propuesta obtuvo rápido el apoyo de los gobernadores tras la firma del acuerdo para devolverles el 15% de la coparticipación que desde 1992 se retenía para financiar el sistema previsional.
Además se otorga un beneficio a los trabajadores de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que no están alcanzados por Bienes Personales para que queden exceptuados del pago de Ganancias en el medio aguinaldo de junio.
El proyecto también incluye la Pensión Universal para la Vejez que supone el ochenta por ciento del haber mínimo jubilatorio y que será a partir de los 60 años para las mujeres y de los 65 para los hombres.
