Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques apuntaron a lo más alto de las administraciones K por los megamillonarios contratos de obra pública que recibió Lázaro Báez en sus gestiones. Para los investigadores, Néstor y Cristina Kirchner montaron una estructura de corrupción para favorecer al empresario K en la adjudicación de licitaciones de Vialidad Nacional.
La exPresidenta está a la cabeza de los pedidos de indagatoria que hicieron los fiscales y la presentación ya es analizada por el juez federal Julián Ercolini, que debe resolver si llama o no a declarar a Cristina. La solicitud incluye a Báez -detenido desde el 5 de abril- y a su hijo Martín, ambos procesados por lavado de dinero. Se trata del primer pedido de indagatoria de relevancia por la megacausa que instruye Ercolini por asociación ilícita, que en 2008 impulsó la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió.
En el pedido de indagatorias figuran además el exministro de Planificación Julio De Vido, su segundo José López -detenido luego de tratar de ocultar bolsos con casi 9 millones de dólares-, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el extitular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
Para los fiscales una de las maniobras consistió en colocar en lugares clave a personas que permitieran llevar adelante las maniobras irregulares. De allí se desprende que se pida además la indagatoria e inhibición de bienes de Carlos Santiago Kirchner, que fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal de la Nación.
En el escrito acusaron que en los últimos 12 años hubo una “decisión” desde lo más alto del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos a Báez, que “paralelamente le garantizaba a los Kirchner ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros”. Justamente en las causas Hotesur y Los Sauces están bajo la lupa el alquiler de inmuebles de parte de los Kirchner a Báez y a Cristóbal López, que para la Justicia sería para el pago de coimas a cambio de favores con contratos del Estado.
Pollicita y Mahiques indicaron que los Kirchner convirtieron a Santa Cruz en la provincia más beneficiada para garantizar los fondos que enriquecieron a Báez (la provincia patagónica recibió el 11,2% del presupuesto total). Sólo de Vialidad Nacional Báez recibió más de 12.000 millones de pesos.
Para los fiscales las maniobras de denunciadas “no hubieran sido posible” sin que Néstor y Cristina “tomaran la decisión política de favorecer a Santa Cruz” con inversiones viales millonarias, otorgamiento de fondos a Vialidad y nombramiento de funcionarios “de su íntima confianza” para que cumplieran lo que denominaron “el plan criminal diseñado”.
Según la presentación las acciones se enmarcarían en los delitos de administración infiel en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Según el Código Penal el primero tiene una pena de dos a seis años de prisión y el segundo, un castigo de uno a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.
Cristina volvió a usar su cuenta de Facebook para defenderse de las acusaciones de los fiscales. En el texto, titulado “La ficción macrista”, defendió a Báez y relacionó a Pollicita y a Mahiques con una “conspiración” del Gobierno para “tapar” los tarifazos.
La exPresidenta dijo que “no es casualidad” que el pedido de indagatoria se difunda el mismo día que el ministro de Energía Juan José Aranguren se presentó ante las comisiones de Diputados para defender los fuertes aumentos en los servicios públicos.
Cristina aseguró que “el objetivo de esconder la catástrofe económica y social a través de ‘una denuncia por semana’, con la complicidad de los medios es a esta altura el único sustento de la ficción macrista”. “Que uno de los ‘argumentos’ sea que el Sr. Báez haya sido funcionario bancario y luego empresario debería aplicarse a todos los empresarios, y no sólo a todos los contratistas del Estado”, indicó la exmandataria, sobre uno de los argumentos de la presentación de los fiscales.
