Santa Cruz fue escenario de una gran cantidad de operativos policiales. Por orden del juez federal Claudio Bonadio se hicieron once allanamientos en propiedades de la empresa “Los Sauces” de Cristina Kirchner y en dependencias púbicas de la provincia, entre otros.
La Policía Federal secuestró elementos claves para la causa: contratos de alquileres cobrados por la familia presidencial a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez. La Justicia sospecha que son retornos por concesiones que hizo el Estado.
Los Sauces SA es una de las empresas que mantienen la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia. Por medio de esta sociedad se compraron inmuebles y se generaron ingresos a partir del cobro de alquileres. Justamente los principales inquilinos de sus propiedades eran Cristóbal López y Báez, detenido y procesado por lavado de dinero en la causa de “la ruta del dinero K”.
Los operativos, que terminaron de desnudar las relaciones entre los Kirchner y los Báez, generaron un fuerte rechazo de Cristina. La expresidenta se despachó vía Twitter, su medio de comunicación preferido. Criticó a los medios y habló de “persecución judicial”. La exmandataria dijo que deber ser “la única ciudadana que es investigada por dos jueces de Comodoro Py”, en referencia a Bonadio y a Sebastián Casanello.
Durante los múltiples allanamientos, Cristina estuvo en su casa de Mascarello 441 en Río Gallegos, la única propiedad en la que no hubo operativos. Al momento de hacer su descargo en las redes sociales ya habían pasado seis horas de comenzado los procedimientos y ya era un hecho que la vivienda no sería alcanzada por los mismos.
Las razones de la bronca de la exmandataria no eran solo por los allanamientos. La Sala II de la Cámara Federal porteña le ordenó a Casanello que avance sin demoras en la investigación de los vínculos entre la familia presidencial y Báez. En el mismo fallo el tribunal confirmó el procesamiento y la prisión preventiva del empresario K y de su contador Daniel Pérez Gadín.
