El analfabetismo alcanza al 25 por ciento de los internos de las cárceles de Misiones. Esta población asiste al ciclo de alfabetización de las escuelas en contexto de encierro (ECE) que funcionan dentro de los penales.
Cifras actuales aportadas por el Consejo General de Educación evidencian que este indicador es aún mayor cuando se incluye a los presos que ingresan con bajo nivel de escolarización y que concurren al primero y segundo ciclo, que es hasta el quinto grado de la escolaridad común.
Viviana Escurdia, jefa de Gabinete Educativo del CGE y coordinadora de la modalidad de educación ECE, detalló a El Territorio que en los últimos cinco años, la población carcelaria que asiste a las escuelas creció.
“Hoy casi el 70 por ciento de los internos asiste a la escuela, esto incluye a más personas que están sin condena firme pero que pueden estudiar y a casi la totalidad de los que tienen condena”.
En la provincia hay ocho unidades penales –una federal en Candelaria- y nueve escuelas, una es de nivel secundario y funciona en la UP de Oberá.
La población de personas privadas de su libertad asciende a 1300 y más de 800 están escolarizados, la mayoría cursa la primaria, hay otro grupo que hace la secundaria con la metodología de educación secundaria abierta del Sipted y otro grupo menor realiza estudios terciarios o universitarios.
Garantizar el derecho
Las escuelas carcelarias pasaron a depender del Consejo de Educación en 2014, hasta entonces eran administradas por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
Bajo la órbita de la cartera educativa, la matrícula estudiantil se incrementó 10 por ciento, con una cobertura del 70 por ciento del total de los internos.
Escurdia destacó que este cambio es la base para profundizar en el derecho a la educación en contextos de privación de la libertad, que garantiza la Ley de Educación Nacional.
“Con las escuelas ECE dependiendo del Consejo de Educación se logró jerarquizar al director de escuela y a las escuelas como una institución independiente del sistema carcelario, pero que a la vez convive, por ello se establece un diálogo más fluido entre directores de unidades penales y directivos de las escuelas”, valoró.
Otra novedad es el trabajo en la calidad de los aprendizajes: “Las escuelas ECE deben brindar calidad educativa para una modalidad que está reconocida por ley, las autoridades educativas hacen un seguimiento de los trayectos de los estudiantes y de sus logros como de las estrategias que utilizan los docentes para que jóvenes y adultos aprendan”.
Los más vulnerables
Un análisis de la Coordinación de Escuelas en Contexto de Encierro da cuenta de que la población más vulnerable en materia educativa y de falta de oportunidades al momento de ingresar a una unidad penal es la de los menores de 18 años.
Los menores son alojados en la Unidad Penal 4, ubicada en Cabo de Hornos, donde funciona la Escuela ECE Nº21.
En entrevista con El Territorio, Carlos Belloni, director de la primaria 21, indicó que la mayoría de sus estudiantes inicia su proceso de escolarización “con muy bajo nivel de instrucción o ninguno”.
La población penal de la cárcel de menores es de 89 jóvenes y 65 cursan la primaria, mientras que 20 adolescentes buscan avanzar en la secundaria con el sistema del Sipted.
“Hoy tenemos 15 por ciento de jóvenes que no saben leer, también hay un grupo que hizo su escuela afuera, pero con mucho abandono y debe comenzar desde el principio. Algo que observo porque tengo 30 años trabajando en esta modalidad de enseñanza y es que hay una relación entre poca educación y el delito”.
Para el docente, entonces, “antes que pensar en bajar la edad para imputar a menores y privarlos de la libertad, hay que debatir con seriedad y al mismo tiempo se debe desarrollar una política de prevención del delito que necesariamente requiere la contención de los jóvenes”, analizó.
Por su experiencia en la enseñanza en cárceles, el educador concluye que “hay más violencia, años atrás los delitos se relacionaban más con los robos o con la droga, hoy se ven homicidios y abusos sexuales, no hay que generalizar, pero esto que sucede tiene que servirnos para replantearnos qué hacer con los jóvenes que no tienen oportunidades y qué les ofrecemos las instituciones a los que cumplen su condena y salen en libertad, porque sabemos que cuando dejan el penal será muy difícil que encuentren un trabajo”.
El derecho y la deuda
La Ley de Educación Nacional 26.206 garantiza el derecho a estudiar en contextos de privación de libertad tanto a internos condenados como procesados.
“El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación vinculada a la situación de encierro”, dice el artículo 55 del capítulo doce de la ley sancionada en 2006.
Útiles escolares, becas y ropero comunitario
Estudiantes y docentes buscan concretar dos proyectos para mejorar la calidad de vida y de los aprendizajes dentro del penal y a futuro.
Los educadores piden que los estudiantes puedan acceder al plan nacional Progresar, que apunta a la inclusión educativa.
Y también arman un ropero comunitario, para lo que piden la donación de ropa, abrigo y calzado destinados a los jóvenes.
Para quienes puedan colaborar, son bienvenidos además, materiales didácticos y útiles escolares.
